Tras más de un año de movilizaciones estudiantiles, el Gobierno chileno ha avanzado en las facilidades de financiación a través de becas y créditos, pero la educación gratuita, principal demanda de los jóvenes, queda aún lejos.
De hecho, este miércoles miles de estudiantes volverán a manifestarse en las principales ciudades del país para exigir una educación pública, gratuita y de calidad.
Aumentar el control sobre las instituciones educativas y mejorar la calidad de la enseñanza son, junto con las becas, los ejes de la reforma educativa con que el Gobierno de Sebastián Piñera ha respondido a las demandas estudiantiles.
Espoleados por la desigualdad y ahogados por las deudas, los jóvenes se movilizaron a lo largo de 2011 contra un sistema educativo diseñado en pleno régimen militar.
Desde entonces, la educación escolar está en manos de los ayuntamientos, que reciben los recursos del Estado pero los traspasan a gestores privados o no los emplean eficientemente.
Como consecuencia de ello, la educación pública, que en los años 80 alcanzaba al 80 % de la matrícula, ha bajado al 40 %, en beneficio de los centros particulares subvencionados (50 %) y privados (10 %).
Este modelo además ahonda en una marcada división por clases, según los expertos.
"Chile es un país muy segregado y el sistema educativo no palía esa realidad; al revés, profundiza en ella", declaró a Efe el presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth.
Para mejorar el prestigio de los colegios, el Gobierno promulgó en 2011 una ley que establece una Agencia de Calidad y de una Superintendencia de Educación Escolar.
La primera se centrará en parámetros objetivos de evaluación de la calidad de la enseñanza, mientras que la segunda, ya en funcionamiento, vela por el buen uso de los recursos públicos y el correcto funcionamiento de los centros.
Ambas tienen competencias en los centros públicos y particulares subvencionados, que es donde estudia el 90 % de los 3,7 millones de alumnos de educación básica y secundaria.
"El Estado no debería entregar dinero a las instituciones sin ejercer un control sobre ellas", indicó a Efe María Paz Arzola, experta del Instituto Libertad y Desarrollo, de orientación conservadora y ligado al Ejecutivo de Sebastián Piñera.
Según las autoridades, el número de inspecciones se ha duplicado, hasta alcanzar las 34.000 el año pasado, al tiempo que se está mejorando la formación y remuneración de los profesores, y de la propia carrera de pedagogía.
El otro gran conflicto está en la educación superior. Los universitarios se rebelan contra un sistema que logró aumentar la cobertura a costa de cargar el peso de la financiación sobre las espaldas de las familias.
Sólo en Santiago es fácil encontrar una veintena de universidades, varias de ellas de dudosa calidad, que cobran de dos a tres millones de pesos (de 4.000 a 6.000 dólares) por año.
Los esfuerzos de la política gubernamental se enfocan en mejorar dos áreas: las becas y los créditos. En el primer caso, se propone pasar de las 118.000 ayudas de 2009 a 400.000 en 2014, lo que cubriría el 60 % de los estudiantes de menos recursos.
Para el resto, los préstamos subirán de 480.000 a 720.000 pesos, y además ya no los otorgarán los bancos del sistema, sino el Estado, con intereses que bajarán del 6 % al 2 % anual.
Los jóvenes deberán devolverlos cuando comiencen a trabajar, con cuotas inferiores al 10 % de su sueldo y en un máximo de 180 mensualidades (15 años). De cumplirse ese plazo, la deuda quedaría condonada.
El Gobierno también envió al Congreso en noviembre un proyecto para crear una Superintendencia de Educación Superior y ha pedido mayor transparencia sobre el uso de los recursos.
Sin embargo, no tomó en cuenta un informe parlamentario que acusó a siete universidades de lucrarse con la educación a través de subterfugios legales, pese a que está legalmente prohibido.
El ministro de Educación, Harald Beyer, ha pedido a las universidades que acorten las carreras excesivamente largas (el promedio en Chile es de 6,3 años) y eviten la elevada deserción, que ronda el 36 %.
Para financiar el nuevo modelo, el Ejecutivo propone una reforma tributaria que recaude entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales, lo que según Mario Waissbluth equivale a pasar de una carga tributaria del 20 al 20,3 % del PIB.
Pero según María Paz Arzola, el costo de los cambios es similar al sistema actual, por lo que la reforma no es necesaria.
Ambos expertos concuerdan, sin embargo, en que Chile tiene otras prioridades, como combatir la pobreza o mejorar la educación preescolar y escolar, antes que implantar la gratuidad en la educación superior.
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