Desde la revolución de los estudiantes secundarios de 2006 hasta la marcha convocada por los universitarios para este jueves 15 de octubre en Chile, han pasado nueve años, tres gobiernos y nueve ministros de Educación. Y si bien se han producido avances y el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet tiene una suerte de obligación moral con la transformación educacional (fue una de sus principales promesas de campaña), la realidad demuestra que del dicho al hecho…
Al menos así lo ve la Dra. Ingrid Wehr, representante regional de la fundación Heinrich Böll, vinculada a Los Verdes alemanes. “La agenda de reforma se estancó y el destino de la propuesta de poner fin al lucro y al copago es incierto”, dice la especialista. Se refiere a dos de los estandartes de las movilizaciones: que se termine la posibilidad de ganar dinero con la educación y que no exista más la figura de colegio subvencionado, donde una parte la pagan los apoderados y la otra, el Estado, que termina aportando fondos a emprendimientos privados.
El grito de “educación pública, gratuita y de calidad” se convirtió en un lema que se busca traspasar al papel y convertirlo en ley. El 21 de mayo, durante su cuenta anual sobre el estado de la Nación, Bachelet anunció que “a partir de 2016, el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accederán a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito”.
Cambio de planes
Cuatro meses más tarde, al entregar el presupuesto para el año 2016, la educación gratuita sufrió un cambio: ahora sería beneficiado el 50 por ciento. “Lo preocupante no es solo que se bajó la promesa de gratuidad para los sectores más pobres, sino que el diseño del financiamiento se basa en la lógica de un sistema de cupones destinados a individuos y no en un financiamiento de instituciones públicas”, apunta Wehr.
Al momento de convocar a la nueva marcha de este jueves, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, argumentó en la misma línea. “Hoy se plantea una gratuidad con límite de años que terminará desfinanciando a muchas instituciones estatales”, señaló la dirigente. Lo que piden los estudiantes es repotenciar la educación pública mediante la inyección de recursos directos y no centrarse en becar jóvenes.
A fines de mayo de 2015, la presidenta Bachelet promulgó la ley que pondrá fin al lucro a partir del 1 de enero de 2016. Es uno de los avances más notorios en la serie de reformas que buscan cambiar la educación. En su discurso, la mandataria señaló que “en 2018, 9 de cada 10 estudiantes de colegios que reciben aportes públicos estudiarán gratuitamente”. Asimismo, se puso término a la selección de alumnos, uno de los ítems más cuestionados de la educación chilena.
Sensación de desorden
Si bien es cierto que la legislación ha avanzado, existe una sensación generalizada de desorden en la reforma, lo que ha llevado a universitarios, profesores e incluso a apoderados de colegios subvencionados a protestar. “A la reforma le falta una definición precisa de prioridades, instrumentos y plazos”, dice Wehr. “El énfasis en lo económico desvía la atención de otros temas igual o más importantes: el restablecimiento de la educación como un bien público y un derecho social y la importancia del Estado como garante de derechos”, argumenta la experta.
La marcha de este jueves 15 de octubre busca reivindicar las exigencias de los últimos nueve años. “Dar más financiamiento a un sistema descompuesto no es expresión de un verdadero cambio”, dicen los estudiantes en la convocatoria. “La nueva movilización muestra el fracaso del gobierno a la hora de ofrecer una respuesta a las demandas estudiantiles. Apenas 18 meses después de asumir el poder, la capacidad transformadora del segundo gobierno de Bachelet en el sector educacional parece inexistente”, sentencia tajante Wehr.
fuente://http://www.dw.com
