Gratuidad en educación superior enfrenta a la Nueva Mayoría

Con llamados a la reflexión y responsabilidad parlamentarios de la Nueva Mayoría emplazaron a los diputados y senadores de la DC a reconsiderar el rechazo a la glosa presupuestaria de gratuidad que harán efectivo de no haber cambios en la iniciativa.

Los senadores y diputados de la Democracia Cristiana manifestaron su intención de rechazar la glosa presupuestaria que garantiza la gratuidad en educación superior, y que actualmente se discute en la subcomisión mixta de Presupuesto en el Parlamento, poniendo en riesgo que esta iniciativa esté en ejercicio en 2016.

Desde la Falange argumentan que el financiamiento no debe estar focalizado en las instituciones de educación superior, que cumplen con los requisitos de estar acreditados por cuatro años, y que no lucran, sino también debe incluir a alumnos vulnerables que estudian en institutos y centros de formación técnica que no necesariamente cumplan estos requisitos.

Mario Venegas, diputado de la DC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, citó como ejemplo el caso de Inacap, que siendo una institución ocn fines de lucro, acoge a estudiantes que califican como vulnerables, pero que quedarían excluidos de la gratuidad, por lo que llamó a que el objetivo de esta política pública esté en las personas.

“La mirada debiera estar puesta en los alumnos vulnerables, en el nivel socioeconómico de los alumnos más que en las instituciones. Eso es lo que está mayoritariamente planteado por parte de quienes estamos directamente involucrados en el tema. La bancada de senadores, como quedó planteado en la declaración y los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara”.

Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista lamentó la decisión tomada por la Democracia Cristiana “asumiendo el discurso propio de la oposición en esta materia”, e hizo un llamado “a la reflexión y a la responsabilidad”, y espera que esta decisión de la Falange “no sea una intención de tirar el mantel para estar negociando otras cosas”.

Además, la parlamentaria emplazó a que la DC tenga una actitud propositiva, y así “no poner en juego” esta iniciativa. Asimismo, llamó a que el Gobierno tome un rol más activo para sacar adelante esta iniciativa, la cual, si se mantiene el rechazo de parte de la Falange, corre el riesgo de no ver la luz en 2016.

“Claramente, si la derecha no quiere apoyar esto y ha amenazado con mandar al Tribunal Constitucional la gratuidad, y ahora se suma la DC, obviamente esto se rechaza, y eso, desde el putno de vista político, no es solamente dañino para el Gobierno o la Presidenta, es dañino para los estudiantes que tenían visto, poensado, y proyectado el 2016 estudiar gratuitamente, y que hoy día no tienen condiciones para poder pagar. Entonces, es un impacto social-político tremendo, y no sé si van a poder hacerse responsable de aquella determinación”.

Cristina Girardi, diputada del PPD, calificó de “irresponsables” a los parlamentarios de la DC que han anunciado este rechazo en bloque, y enfatizó en que su postura es que sólo las universidades estatales sean las que reciban el beneficio de la gratuidad, incluso considerando la posibilidad de que puedan expandir su matrícula gracias a la inyección de más recursos.

La diputada recalcó que el Estado no puede hacer entrega de recursos a universidades e instituciones que no cumplan con el requisito de no tener fines de lucro ni estar acreditados, y citó el caso de la Universidad del Mar para refrendar su negativa a la que han propuesto los parlamentarios de la Falange.

“A mí me parece una irresponsabilidad tremenda plantear esto hoy día, como “hagámoslo, no importa si la institución vulnera la ley, no importa si estafan, no importa si entrega lo que tiene que entregar”, porque a la larga ese no es un tema que beneficie a los estudiantes, termina siendo un beneficio para las universidades”.

Por su parte, el investigador del Observatorio Chileno de Políticas Públicas (Opech), Mario Sobarzo, si bien se mostró de acuerdo en que el Estado no debe financiar instituciones de educación superior que tengan fines de lucro, sostuvo que el mismo Mineduc ha reconocido no tener la capacidad de fiscalizar si los centros educativos que dicen no lucrar, efectivamente cumplen con esta norma.

“Tampoco sabemos si es que hay o no lucro, porque con las condiciones actuales, el mismo Ministerio reconoce, respecto de las escuelas no de las universidades, que no tiene mayores antecedentes de los gastos ni de las glosas presupuestarias de las propias escuelas. Da cuenta de que si en los colegios no tiene control, menos todavía a nivel universitario y a nivel de IP, o de CFT. Eso ya muestra que no existirían esas condiciones”.

Se espera que mañana desde las 15 horas la subcomisión mixta de Presupuesto analice la glosa que asegura la gratuidad en instituciones de educación superior, no obstante se ha señalado que es posible que el proceso culmine el próximo lunes, y así tener tiempo para seguir negociando un cambio de parecer entre los parlamentarios de la DC.

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Se mantienen diferencias por gratuidad en educación superior

Si bien el presupuesto para Educación aparece como la prioridad del Gobierno, los distintos puntos de vista que existen respecto del proceso de gratuidad no logran convencer a los distintos sectores involucrados, a pesar de las aclaraciones entregadas desde el Mineduc.

La Presidenta Michelle Bachelet confirmó que el próximo año entrará en vigencia el régimen de gratuidad para la educación superior.

Según su anuncio, como parte del envío del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, la gratuidad se aplicará a los estudiantes que pertenezcan al 50 por ciento más vulnerable de la población. Esto, equivalente a alrededor de 200 mil alumnos de instituciones de educación superior que no lucren y que cumplan con criterios de acreditación.

Distintos sectores reaccionaron a las palabras de la Mandataria, como el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, quien exige claridad sobre los ingresos que tendrán las universidades, a propósito de la implementación de la gratuidad durante 2016, lo que se relaciona con la elaboración de los presupuestos de los planteles.

Incluso, anticipa que el próximo lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Cruch, en la que recibirán al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, con el objetivo de conocer los detalles de la fórmula que pretende impulsar el Gobierno.

“Las instituciones todavía tenemos algunas diferencias importantes, pero esperamos que con estas informaciones y definiciones que ha tomado el Gobierno, la División de Educación Superior nos aclare por qué hasta la semana pasada nosotros advertíamos diferencias importantes en contra de los presupuestos universitarios”, anticipa.

Por su parte, para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra, se trata de una situación de incertidumbre, especulaciones y desconfianza, con una actitud bastante irresponsable del Gobierno, lo que incluso pone en riesgo la Reforma Educacional.

Por ello, exige que el Ejecutivo se defina ante ese camino intermedio y decida si fortalece la educación pública o continúa subsidiando el sistema.

La dirigenta asegura que el aumento de gasto público podría haber sido un factor positivo, si es que apuntara a fortalecer la educación pública, a expandirla y a entregar una gratuidad efectiva. “Pero no esta gratuidad con límites y condiciones que termina siendo cada vez más una beca”.

En ese sentido, acusa que “el Gobierno está evadiendo el debate de fondo, que no solo es el mecanismo de cómo se transferiría el financiamiento, sino también qué ocurrirá con la educación pública en todo este enredo. Y que hoy nos pasen gato por liebre diciendo que habrá fondos basales, pero que finalmente son lo mismo que un voucher, a nosotros no nos parece. De hecho, es la misma razón por la que estamos llamado a la marcha del 15 de octubre, porque acá lo que se necesita es una reforma real”

Su preocupación apunta a que los anuncios de gratuidad solo han sido anuncios, los que en ningún caso han sido debatidos. “Ni siquiera debaten con sus propios partidos políticos”, advierte la dirigenta estudiantil.

Precisamente este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a reforzar el anuncio de los avances presupuestarios en Educación e intentar aclarar las dudas. Según la autoridad, se están dando pasos en todos los estamentos, a través de un presupuesto que da un primer paso para la gratuidad.

Más precisa fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien explicó que “el alumno cuando se inscriba académicamente, no va a firmar un compromiso de pago con la institución. Es el sistema el que automáticamente le dice si está dentro del quinto decil”.

Según la ministra, el mecanismo consistirá en que el Mineduc firmará un convenio con las instituciones de educación superior, donde “se multiplica el arancel de referencia que se debe pagar por la cantidad de alumnos que están en el quinto decil de cada institución”.

Además, detalló que “todos los alumnos que hoy tienen beca y crédito se mantienen exactamente igual. Lo único que se le pedirá es que el mecanismo financie lo que dure formalmente la carrera”. Por ello, advirtió que “esto va a obligar a que las instituciones ajusten sus currículum para que las carreras duren lo que tengan que durar”.

No obstante, se trata de una situación especial, en la que sin que exista la ley se está intentando adelantar este beneficio, donde tampoco es usual hacerlo mediante una glosa presupuestaria. Así lo reconoce el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, quien en conversación con el programa Semáforo se refirió al complejo escenario.

Junto con reconocer los errores que ha cometido el Gobierno en cuanto al cronograma de la Reforma Educacional y los tiempos con que se han tramitado los proyectos, el parlamentario se detiene en la importancia de definir qué tratamiento dará el Estado a sus universidades públicas.

“¿Hay que darle el mismo tratamiento a las universidades estatales, que han demostrado calidad y cumplen con estándares exigentes, que aquellas que son privadas y que muchas veces se han transformado en verdaderas estafas para los estudiantes?”, se cuestiona Venegas.

Además, plantea que “existe una situación de excepcionalidad con este adelanto que ha resuelto la Presidenta y el Gobierno, que objetivamente nos ha generado más ruido de lo que hubiéramos deseado. Porque esto da señales y define respecto de lo que será o debiera ser el cuadro permanente que estará establecido en la ley, que tendrá que ser discutida en el transcurso del próximo año, entiendo yo”.

En lo inmediato, el diputado espera que en la glosa del presupuesto aparezca con mayor claridad el tema de la gratuidad y poder despejar las incertidumbres que se mantienen.

Lo que también preocupa es la falta de dirección que tiene esta discusión. “El Gobierno no tiene claro lo que quiere hacer ni tampoco cómo llevar este tema. Se esperaba que existiera una agenda clara, teniendo en cuenta que se trata de una promesa de campaña”, plantea el académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech).

En ese contexto, asevera que en ninguno de los dos equipos económicos de este Gobierno, encabezados por Alberto Arenas y Rodrigo Valdés, ha existido una claridad respecto de qué se va a entender por gratuidad. “Si será al interior del sistema público, dentro del Cruch, si se implementará progresivamente y dirigida a los estudiantes o dirigida al sistema”, detalla el académico.

Esa falta de definición, asegura, tiene relación con los dos espíritus de la Concertación. Uno más comunitarista, que busca garantizar derechos colectivos y un sistema educacional, y otro máCs individualista y liberal, que intenta garantizar derechos de los sujetos.

“Por la forma en que se está moviendo el Ministerio de Educación, al parecer, ahí dentro, existe un conflicto entre lo que son becas y gratuidad. Fundamentalmente porque si llegan a aceptar el mecanismo de becas, las universidades privadas no podrían recibirlas con el sistema legal existente. Entonces, eso también tensionaría el traspaso de dinero a los otros sistemas educativos, como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con los que el Gobierno también está comprometido”, analiza.

Para Sobarzo, lo que debería potenciarse son los fondos basales para las universidades del Estado, con atención a aquellas universidades que pueden aparecer con fines públicos, pero habría que discutir cuánto de eso es realmente público.

En cuanto a las cifras que considera la partida presupuestaria, considerando que la Presidenta anunció que uno de cada cuatro pesos se destinará a Educación, del total considerado, 536 mil millones estarán destinados a ese ámbito.

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Critican informe OCDE por no considerar brechas en el acceso a educación de calidad en Chile

Satisfacción expresó el Mineduc ante el informe de la OCDE que asegura que Chile aumentó sus niveles de equidad en el acceso a la educación en las distintos y estratos socioeconómicos. No obstante, especialistas en educación aseguran que el informe no clarifica ni ahonda en lo que sucede con la igualdad de acceso a enseñanza de calidad, lo que seguiría incrementándose a raíz del modelo educacional.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que Chile alcanzó las metas de esa instancia en cuanto a equidad en acceso y permanencia en la educación de todas las clases sociales.

La información fue destacada por el ministerio de Educación, sin embargo, par el director del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile (Opech), Jesús Redondo, estos datos esconden importantes verdades, principalmente, al no incorporar en el análisis la equidad en el acceso a una educación de calidad, lo que es distinto al simple acceso.

Según Redondo, pese a que Chile ha cumplido con los estándares de la OCDE “aumentando la tasa de permanencia y años de escolaridad para sus nuevas generaciones”, al mismo tiempo, al tener las tasas de segmentación en educación más altas del mundo “a ese aumento de equidad en el acceso, está ocurriendo un aumento de la inequidad en el tipo de educación que está obteniendo cada clase social”.

En este sentido, al garantizar la Constitución del país solo el acceso a la educación, la información de la OCDE solo reafirmaría el paradigma neoliberal de la libertad de enseñanza, consagrado en la Carta Magna.

Por lo mismo, el académico de la Opech, sostuvo que sigue latente la necesidad de fortalecer la educación pública como eje del sistema:
“Hoy, cuando no hay educación publica de calidad, los padres no están eligiendo lo que quieren, sino solo lo que pueden, y están eligiendo colegios particulares subvencionados porque es aquello que en el contexto que hay pueden elegir. Pero cuando se les pregunta, qué tipo de educación querrían la mayor parte de la población, más del 85 por ciento, esta señalando educación gratuita en todos los niveles. Que sea pública, pero de calidad, que le permita no tener que irse a la privada”, explicó Redondo, citando un reciente estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación.

El adelanto de este informe de la OCDE, destacado por un medio de circulación nacional, fue criticado  a través de las redes sociales por economistas como Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Alternativos (Cenda), quien señaló: “En su entusiasmo El Mercurio nuevamente se pasa de la raya: afirma que la equidad en la educación en Chile es superior al promedio de la OCDE, a España y ¡Alemania! Según ellos, porque el “gini” es 0,14 en Chile y 0,13 en el promedio OCDE”

El experto advirtió que en la publicación existía un error de interpretación, pues el Coeficiente de Gini –medida para calcular la desigualdad en un país-, se debe leer al revés, es decir, cuando alcanza su valor máximo de 1 significa desigualdad absoluta, mientras que el 0 es el equivalente a igualdad absoluta.

Fuente:// radio.uchile.cl