En el marco de la campaña "Matricúlate con la Educación Pública", el intendente Juan Ramón Godoy se refirió a los resultados y beneficios de esta inversión.
Con el objetivo de informar a la población sobre las condiciones de la calidad que se están instalando en la educación pública y captar matrícula para el año 2016, autoridades nacionales, regionales y comunales, llegaron hasta la Plaza de Armas de San Vicente, en el marco de la campaña “Matricúlate con la Educación Pública”.
Liderados por el intendente de O’Higgins, Juan Ramón Godoy; el superintendente de Educación Escolar, Alexis Ramírez, y la seremi de Educación, Alyson Hadad, las autoridades participaron de una jornada con alumnos, docentes y comunidad en general, que disfrutaron de música, juegos, teatro, deporte y baile, pero también donde se entregó información sobre los avances en educación pública. A ello se sumaron los diversos stand a cargo de establecimientos educacionales que expusieron las características de sus jardines infantiles, colegios y liceos, así como los procesos de matrícula, inscribiendo inmediatamente a los interesados.
Durante la inauguración de la actividad, el intendente puntualizó que “lo que estamos haciendo es nivelar la cancha con una inversión importante en la educación pública que se refleja, por ejemplo, en el programa ‘Me Conecto Para Aprender’ o en la inversión que nos permite tener 4.500 salas cunas y jardines infantiles en todo el país, que le dará la oportunidad de educación a más de 90 mil niños”.
Respecto a ello, el superintendente de Educación señaló que “la buena convivencia es parte de una educación de calidad y nuestro compromiso es garantizar que todo y todas conozcan sus derechos y apliquen estrategias para convivir en armonía y recibir los contenidos, aprendiendo en igualdad de condiciones. Chile merece una educación de calidad, y estamos abocados a ello”.
La jornada, que se efectuó en cada región del país, también se desarrolló en San Fernando y Pichilemu, donde autoridades salieron a las calles, plazas y ferias, captando la atención de la comunidad. “Quisimos llevar hasta los lugares más concurridos de estas comunas, un mensaje a los padres y a los alumnos, invitándolos a seguir en la educación pública, informándolos de los beneficios y de las millonarias inversiones efectuadas este año en sus jardines infantiles, colegios y liceos. Pero también quisimos explicarles el por qué es necesario fortalecer la Educación Pública… y es porque es fundamental para así construir una sociedad inclusiva y para que todas y todos nos sintamos parte de una comunidad compartida. No es posible pensar en un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública (proyecto de Ley presentado al Congreso), sin acciones urgentes y de corto plazo que mejoren ahora la calidad de la Educación Púbica. Y en eso justamente estamos”, señaló la seremi de Educación, Alyson Hadad, cuyo servicio organizó las masivas actividades.
Al término de la actividad, el alcalde de San Vicente, Jaime González, agradeció “que se escogiera a nuestra comuna para hacer el lanzamiento regional de este importante llamado para la educación pública, y en especial que pudiéramos junto a nuestros colegios y liceos, recibir a las autoridades y hacer con este hito marcado por la música y la alegría, un llamado a matricularse para el 2016 en los distintos establecimientos que tenemos y donde este año han recibido la mayor inversión de los últimos años de parte del Ministerio de Educación, y también del municipio”.
Fuente://eltipografo.cl
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Monday, November 23, 2015
Monday, November 16, 2015
CFT E IP ACREDITADOS: GRATUIDAD “DEBIÓ SER PARTE DE UN DEBATE AMPLIO Y TRANSVERSAL”
Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral) lamentaron que los resultados plasmados en la glosa, que fue aprobada el viernes, “no contribuyan a generar las condiciones de igualdad y equidad que merece nuestro sector. La comisión mixta de Presupuesto ha votado una muy mala política pública, que genera más exclusión cuando prometió inclusión”.
Luego que la comisión especial mixta de Presupuesto aprobara el viernes pasado la partida de Educación, incluida la glosa de gratuidad para la educación superior, los reparos a la medida no han cesado.
El Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral) -que presidente Gonzalo Vargas (en la foto)- emitió una declaración pública en la pone el acento que la glosa “como fue aprobada establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del Cruch y de algunas universidades privadas”.
Los representantes de las instituciones señalaron que “valoramos el esfuerzo desplegado por aquellos parlamentarios que han dado especial apoyo para visibilizar al sector técnico profesional en el marco del debate sobre gratuidad. Sin embargo, lamentamos que los resultados plasmados en la glosa no contribuyan a generar las condiciones de igualdad y equidad que merece nuestro sector. La comisión mixta de Presupuesto ha votado una muy mala política pública, que genera más exclusión cuando prometió inclusión”.
Según remarcaron, “mantenemos nuestra convicción de que adelantar el beneficio de la gratuidad a través de una glosa presupuestaria constituye un error, ya que debió ser parte de un debate amplio y transversal de la reforma a la educación superior. Priorizar medidas de financiamiento sin antes iniciar un debate profundo sobre los objetivos de largo plazo de la educación superior, poniendo a la calidad como elemento central, es algo que le está haciendo un daño al sistema de educación superior, y no porque el gobierno asigne un presupuesto adicional a la educación técnico profesional, vamos a cambiar de opinión respecto a los efectos negativos e irreversibles para el país”.
DISCRIMINACIÓN
Respecto a la glosa, tal como fue aprobada, indicaron que ésta “establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del Cruch y de algunas universidades privadas, a quienes se les financiará la totalidad de sus estudios de educación superior, lo que implica un millón de pesos adicionales anuales en promedio, versus los alumnos vulnerables de la educación técnico profesional, a quienes se les otorga un incremento en las becas de 100 mil pesos anuales, lo que acentúa la inequidad entre estudiantes de un mismo nivel socioeconómico. Ello representa una inaceptable transgresión al más básico principio de igualdad ante la ley, establecido en la Constitución”.
“Junto con lo anterior, se establece una serie de condiciones para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, nuevamente de manera improvisada y sin sustento legal ni técnico, imponiendo la firma de un convenio con el Ministerio de Educación cuyo contenido y plazos de ejecución son desconocidos y que podría afectar la autonomía, e incluso perder la certificación de calidad con que hoy cuentan todas nuestras instituciones y que significaron esfuerzos de muchos años para conseguirla”, indicaron.
“Las condiciones que están imponiendo a las instituciones para que los alumnos accedan al incremento de la beca Nuevo Milenio reflejan el absoluto desconocimiento por parte del gobierno del funcionamiento de la educación superior técnico profesional y la nula intención que se tiene para que nuestras instituciones ingresen a la gratuidad en los próximos años, aparentemente por una falta de recursos que no se vislumbró al realizar esta promesa de campaña”, añadieron.
“ENTRE CUATRO PAREDES”
Los representantes de los CFT e IP cuestionaron también la “negociación entre cuatro paredes” que se ha realizado en torno a la gratuidad.
En esta negociación “discrecionalment se privilegia a determinados sectores de la educación universitaria” “Ejemplo de ello, es que se elimina la regulación del crecimiento de la matrícula a las universidades del Cruch con lo cual se dan señales para que exista una masiva migración desde la educación técnica a la educación universitaria, generando desequilibrios en contra de la tendencia de los últimos años y de las necesidades que tiene el país para su desarrollo productivo”, plantearon.
“Bajo el esquema contenido en el texto de la Ley de Presupuesto aprobada por la comisión mixta, los alumnos de la educación superior técnico profesional, que no entran a la gratuidad, difícilmente podrán beneficiarse con el incremento de la beca Nueva Milenio. No parece legítimo condicionar el acceso de los alumnos a una beca relativamente mejorada, sometiendo a las instituciones en que estudian a una transformación radical, en términos aún no definidos, que pueden afectar gravemente su calidad, su autonomía y las oportunidades de desarrollo, afectando con ello a sus propios alumnos”, completaron en la declaración.
fuente://lanacion.cl
Luego que la comisión especial mixta de Presupuesto aprobara el viernes pasado la partida de Educación, incluida la glosa de gratuidad para la educación superior, los reparos a la medida no han cesado.
El Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral) -que presidente Gonzalo Vargas (en la foto)- emitió una declaración pública en la pone el acento que la glosa “como fue aprobada establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del Cruch y de algunas universidades privadas”.
Los representantes de las instituciones señalaron que “valoramos el esfuerzo desplegado por aquellos parlamentarios que han dado especial apoyo para visibilizar al sector técnico profesional en el marco del debate sobre gratuidad. Sin embargo, lamentamos que los resultados plasmados en la glosa no contribuyan a generar las condiciones de igualdad y equidad que merece nuestro sector. La comisión mixta de Presupuesto ha votado una muy mala política pública, que genera más exclusión cuando prometió inclusión”.
Según remarcaron, “mantenemos nuestra convicción de que adelantar el beneficio de la gratuidad a través de una glosa presupuestaria constituye un error, ya que debió ser parte de un debate amplio y transversal de la reforma a la educación superior. Priorizar medidas de financiamiento sin antes iniciar un debate profundo sobre los objetivos de largo plazo de la educación superior, poniendo a la calidad como elemento central, es algo que le está haciendo un daño al sistema de educación superior, y no porque el gobierno asigne un presupuesto adicional a la educación técnico profesional, vamos a cambiar de opinión respecto a los efectos negativos e irreversibles para el país”.
DISCRIMINACIÓN
Respecto a la glosa, tal como fue aprobada, indicaron que ésta “establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del Cruch y de algunas universidades privadas, a quienes se les financiará la totalidad de sus estudios de educación superior, lo que implica un millón de pesos adicionales anuales en promedio, versus los alumnos vulnerables de la educación técnico profesional, a quienes se les otorga un incremento en las becas de 100 mil pesos anuales, lo que acentúa la inequidad entre estudiantes de un mismo nivel socioeconómico. Ello representa una inaceptable transgresión al más básico principio de igualdad ante la ley, establecido en la Constitución”.
“Junto con lo anterior, se establece una serie de condiciones para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, nuevamente de manera improvisada y sin sustento legal ni técnico, imponiendo la firma de un convenio con el Ministerio de Educación cuyo contenido y plazos de ejecución son desconocidos y que podría afectar la autonomía, e incluso perder la certificación de calidad con que hoy cuentan todas nuestras instituciones y que significaron esfuerzos de muchos años para conseguirla”, indicaron.
“Las condiciones que están imponiendo a las instituciones para que los alumnos accedan al incremento de la beca Nuevo Milenio reflejan el absoluto desconocimiento por parte del gobierno del funcionamiento de la educación superior técnico profesional y la nula intención que se tiene para que nuestras instituciones ingresen a la gratuidad en los próximos años, aparentemente por una falta de recursos que no se vislumbró al realizar esta promesa de campaña”, añadieron.
“ENTRE CUATRO PAREDES”
Los representantes de los CFT e IP cuestionaron también la “negociación entre cuatro paredes” que se ha realizado en torno a la gratuidad.
En esta negociación “discrecionalment se privilegia a determinados sectores de la educación universitaria” “Ejemplo de ello, es que se elimina la regulación del crecimiento de la matrícula a las universidades del Cruch con lo cual se dan señales para que exista una masiva migración desde la educación técnica a la educación universitaria, generando desequilibrios en contra de la tendencia de los últimos años y de las necesidades que tiene el país para su desarrollo productivo”, plantearon.
“Bajo el esquema contenido en el texto de la Ley de Presupuesto aprobada por la comisión mixta, los alumnos de la educación superior técnico profesional, que no entran a la gratuidad, difícilmente podrán beneficiarse con el incremento de la beca Nueva Milenio. No parece legítimo condicionar el acceso de los alumnos a una beca relativamente mejorada, sometiendo a las instituciones en que estudian a una transformación radical, en términos aún no definidos, que pueden afectar gravemente su calidad, su autonomía y las oportunidades de desarrollo, afectando con ello a sus propios alumnos”, completaron en la declaración.
fuente://lanacion.cl
Rector Uach y gratuidad en educación: "esperamos que las políticas públicas acompañen el discurso"
La autoridad académica fue una de las que participó este mediodía en la apertura de una feria de universidades regionales frente al Palacio de la Moneda, instancia que estuvo marcada por un fuerte discurso descentralizador.
Un llamado a que las políticas públicas en materia de Educación sean fieles al discurso descentralizador imperante, realizó este mediodía el rector de la Universidad Austral de Chile (AUCH), Óscar Galindo, en pleno proceso de discusión de items como la gratuidad por parte del Gobierno y los parlamentarios.
"Hoy se está discutiendo una reforma de la Educación Superior, y nosotros esperaríamos que las políticas públicas acompañen el discurso. Que ese discurso, de que hay que avanzar en materia de descentralización, también se exprese en políticas públicas", dijo Galindo, quien de inmediato agregó que "hasta la fecha, hemos visto poco, eso hay que decirlo con total claridad. Necesitamos que el país entienda que ésta (la descentralización) es una necesidad para un desarrollo territorial equilibrado".
La autoridad académica fue una de las que intervino desde poco antes de las 13:00 horas en la inauguración de la Feria Unir, que organiza la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) en la Plaza de la Constitución, y que estuvo marcada por un fuerte discurso descentralizador.
"Chile debe ser descentralizado. Nosotros recibimos y vivimos los efectos negativos de la centralización", reclamó por su parte el Presidente de AUR y rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, quien ejemplificó con la propia situación de las instituciones que representa: "Son universidades que en su conjunto tienen 218 mil alumnos, lo que significa que reúnen el 67 por ciento de todos los alumnos del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH).
En su conjunto aportan 48 por ciento de la investigación científica, pero no reciben el 48 por ciento del presupuesto nacional en investigación científica, sino mucho menos". Por ello, manifestó su esperanza en que instancias como la feria que hoy abrió sus puertas puedan contribuir a "romper la mentalidad centralista de este país, que termina siendo casi una cultura del centralismo (...). En los países desarrollados el centralismo prácticamente no existe, es algo pasado. Hoy, una sociedad moderna no se debe desarrollar de esa manera, y nosotros estamos desaprovechando tremendas oportunidades".
La ceremonia también contó con las intervenciones del Rector Diego Durán (Universidad del Maule) y el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien encarnó el afán descentralizador que tendría el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el proyecto de elección de intendentes. "Para nosotros es el símbolo de las descentralización, debe ser una autoridad electa por los ciudadanos.
Ésa es la puerta de entrada, la Presidenta lo ha reiterado: La elección de intendentes constituye para nosotros el acceso a un país unitario, pero descentralizado", afirmó la autoridad. La Feria Unir, que reúne a las 22 universidades regionales que forman parte del CRUCH, está orientada a estudiantes que quieran incluir a estas instituciones entre sus alternativas de postulación para 2016, por lo que cada una estará entregando información respecto de planes académicos, aranceles e, incluso, referencias habitacionales.
La instancia, frente al Palacio de La Moneda, estará en funcionamiento durante esta jornada de viernes hasta las 19:00 horas, mientras que mañana sábado el horario de atención de los 22 stands será entre 09:00 y 18:00 horas. El objetivo es que más de algún santiaguino se anime a cambiar de ciudad durante su período de estudios superiores.
"Los estándares de calidad de las universidades en regiones no tienen nada que envidiar a los de las universidades en Santiago", fue uno de los argumentos del rector Sanhueza, mientras que su par del Maule dejó la invitación abierta: "No tengan miedo en pensar una alternativa fuera de Santiago. No se van a arrepentir".
Fuente://elnaveghable.cl
Wednesday, November 11, 2015
Mineduc cifra en $ 79 mil millones la deuda de los municipios por educación
En $ 79.571 millones cifra el Mineduc la deuda que tienen los municipios por educación y $ 49.000 millones serían de deudas previsionales, según datos entregados ayer por la cartera en la Comisión de Educación de la Cámara.
El proyecto de Nueva Educación Pública plantea que el ministerio pague las deudas originadas por administrar la educación, pero parlamentarios y ediles cuestionaron que no establezca fondos específicos para eso. Además, los alcaldes autoreportan $ 250.000 millones en deudas al 2014.
“Gran parte de la información que tenemos es autoreportada por los municipios. Estamos trabajando en aclarar eso”, dijo la subsecretaria Valentina Quiroga en la sesión. “Tenemos que hacer un análisis de los ingresos y gastos por educación de los municipios y ver si están ajustados al servicio que debieran estar prestando”, agregó.
“Debe haber un filtro para establecer cuál es la deuda que tienen por problema estructural, de la cual el Estado tiene que hacerse cargo, y aquellas que son por mala gestión”, dijo la diputada Camila Vallejo (PC), presidenta de la comisión.
Según la información del Mineduc, un 79% de los colegios que fueron traspasados a los municipios está en funcionamiento; un 4%, en receso y un 16% ha cerrado. “Hay colegios que los municipios cerraron y están usando los recintos para agrupaciones, centros culturales o para oficinas”, aseguró a La Tercera la ministra Adriana Delpiano tras la sesión. “Estamos pidiendo con los convenios de traspaso de recursos la información sobre la situación de cada uno”, agregó.
fuente://latercera.com
El proyecto de Nueva Educación Pública plantea que el ministerio pague las deudas originadas por administrar la educación, pero parlamentarios y ediles cuestionaron que no establezca fondos específicos para eso. Además, los alcaldes autoreportan $ 250.000 millones en deudas al 2014.
“Gran parte de la información que tenemos es autoreportada por los municipios. Estamos trabajando en aclarar eso”, dijo la subsecretaria Valentina Quiroga en la sesión. “Tenemos que hacer un análisis de los ingresos y gastos por educación de los municipios y ver si están ajustados al servicio que debieran estar prestando”, agregó.
“Debe haber un filtro para establecer cuál es la deuda que tienen por problema estructural, de la cual el Estado tiene que hacerse cargo, y aquellas que son por mala gestión”, dijo la diputada Camila Vallejo (PC), presidenta de la comisión.
Según la información del Mineduc, un 79% de los colegios que fueron traspasados a los municipios está en funcionamiento; un 4%, en receso y un 16% ha cerrado. “Hay colegios que los municipios cerraron y están usando los recintos para agrupaciones, centros culturales o para oficinas”, aseguró a La Tercera la ministra Adriana Delpiano tras la sesión. “Estamos pidiendo con los convenios de traspaso de recursos la información sobre la situación de cada uno”, agregó.
fuente://latercera.com
Monday, November 9, 2015
Opinión de Educación 2020 sobre Presupuesto 2016
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos y eliminar el AFI son algunas de las propuestas de la Fundación.
A fines de septiembre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2016. El proyecto contempla un aumento del gasto público del 4,4% real y mantiene el foco de años anteriores, asignando mayores recursos para los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Salud, y Educación. En este último, los recursos corresponden a un aumento del 7,5% respecto del año 2015.
En el presupuesto de Educación si bien hay importantes esfuerzos en asignar recursos a las políticas centrales que se están impulsado (Ley de Inclusión y propuesta de gratuidad para la educación superior), se han realizado importantes reducciones en programas de todos los niveles educativos.
Si bien muchas de estas reducciones cuentan con una justificación, para Educación 2020 resulta altamente preocupante el nivel de atraso de las algunas iniciativas comprometidas, la disminución de recursos en programas importantes para la calidad en el nivel escolar y la mantención de aportes que profundizan lógicas segregadoras en la educación superior.
En educación parvularia, los recursos asignados a Fundación Integra y Junji registran una disminución. Esto obedecería al traspaso de recursos asociados a inversión en infraestructura cuya ejecución está atrasada, no comprometiendo los recursos destinados a la operación de ambas instituciones.
En educación escolar, manifestamos nuestra preocupación frente a la reducción presupuestaria en los programas de infraestructura, mejoramiento de la calidad y educación técnico profesional. Todas estas áreas son importantes para el desarrollo de las y los estudiantes del nivel escolar, por lo que claramente resulta una noticia negativa para el sistema que debe modificarse.
Asimismo, valorando los recursos que introduce la Ley de Inclusión, Educación 2020 hace presente la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento y apoyo a los docentes y equipos directivos en el marco de implementación de esta ley.
Para Educación 2020 resulta positivo que se haya priorizado recursos que son accesibles a toda la Educación Pública, en desmedro de aquellos fondos que se concursaron y entregaron por única vez (asociados a inversión en infraestructura para algunos establecimientos, como es el caso de los recursos especiales para los Liceos Bicentenarios.
Educación superior registra, sin lugar a dudas, el cambio más relevante con una asignación de 767MM USD para el Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016.
La asignación de estos recursos tiene aspectos positivos, como ser el primer paso hacia un cambio en la lógica de financiamiento de la educación superior, asociándola al cumplimiento de criterios como acreditación, ausencia de lucro, participación, regulación del crecimiento y regulación de aranceles. Dentro de los aspectos críticos consideramos el que se mantenga al CRUCH como criterio suficiente de elegibilidad (sin ocuparse de la calidad de las instituciones al interior de esta agrupación); que el beneficio sólo dure la extensión formal de la carrera (cuando actualmente la sobre duración promedio de las carreras supera el 35%); que la regulación de la matrícula sea sólo en base al año anterior; y por sobre todo, la posibilidad de que los aranceles regulados desfinancien a algunas instituciones, aumentando con ello la posibilidad de que dichas instituciones incrementen los aranceles de quienes no tienen el beneficio. Para Educación 2020 es urgente revisar y modificar estos puntos. Existe el riesgo de que un presupuesto transitorio genere problemas estructurales en el nivel.
Paralelamente, se mantiene el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos para las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con mejores resultados en la PSU, algo que va en contra de los principios de calidad e inclusión que el propio Estado ha definido como propios con la creación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). Por eso, desde Educación 2020 proponemos eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión en la Educación Superior.
Las principales propuestas de Educación 2020 son:
Mantener el gasto en el nivel parvulario, reasignando recursos de infraestructura a programas permanentes que apunten a la calidad.
Eliminar la reducción de recursos para los programas de Mejoramiento de la Calidad y Educación Técnico Profesional en el nivel escolar.
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos.
En la gratuidad en Educación Superior, cubrir un porcentaje extra en la duración de las carreras y limitar el crecimiento en la matrícula en base al promedio de los últimos 5 años.
Eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión.
fuente://educacion2020.cl
A fines de septiembre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2016. El proyecto contempla un aumento del gasto público del 4,4% real y mantiene el foco de años anteriores, asignando mayores recursos para los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Salud, y Educación. En este último, los recursos corresponden a un aumento del 7,5% respecto del año 2015.
En el presupuesto de Educación si bien hay importantes esfuerzos en asignar recursos a las políticas centrales que se están impulsado (Ley de Inclusión y propuesta de gratuidad para la educación superior), se han realizado importantes reducciones en programas de todos los niveles educativos.
Si bien muchas de estas reducciones cuentan con una justificación, para Educación 2020 resulta altamente preocupante el nivel de atraso de las algunas iniciativas comprometidas, la disminución de recursos en programas importantes para la calidad en el nivel escolar y la mantención de aportes que profundizan lógicas segregadoras en la educación superior.
En educación parvularia, los recursos asignados a Fundación Integra y Junji registran una disminución. Esto obedecería al traspaso de recursos asociados a inversión en infraestructura cuya ejecución está atrasada, no comprometiendo los recursos destinados a la operación de ambas instituciones.
En educación escolar, manifestamos nuestra preocupación frente a la reducción presupuestaria en los programas de infraestructura, mejoramiento de la calidad y educación técnico profesional. Todas estas áreas son importantes para el desarrollo de las y los estudiantes del nivel escolar, por lo que claramente resulta una noticia negativa para el sistema que debe modificarse.
Asimismo, valorando los recursos que introduce la Ley de Inclusión, Educación 2020 hace presente la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento y apoyo a los docentes y equipos directivos en el marco de implementación de esta ley.
Para Educación 2020 resulta positivo que se haya priorizado recursos que son accesibles a toda la Educación Pública, en desmedro de aquellos fondos que se concursaron y entregaron por única vez (asociados a inversión en infraestructura para algunos establecimientos, como es el caso de los recursos especiales para los Liceos Bicentenarios.
Educación superior registra, sin lugar a dudas, el cambio más relevante con una asignación de 767MM USD para el Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016.
La asignación de estos recursos tiene aspectos positivos, como ser el primer paso hacia un cambio en la lógica de financiamiento de la educación superior, asociándola al cumplimiento de criterios como acreditación, ausencia de lucro, participación, regulación del crecimiento y regulación de aranceles. Dentro de los aspectos críticos consideramos el que se mantenga al CRUCH como criterio suficiente de elegibilidad (sin ocuparse de la calidad de las instituciones al interior de esta agrupación); que el beneficio sólo dure la extensión formal de la carrera (cuando actualmente la sobre duración promedio de las carreras supera el 35%); que la regulación de la matrícula sea sólo en base al año anterior; y por sobre todo, la posibilidad de que los aranceles regulados desfinancien a algunas instituciones, aumentando con ello la posibilidad de que dichas instituciones incrementen los aranceles de quienes no tienen el beneficio. Para Educación 2020 es urgente revisar y modificar estos puntos. Existe el riesgo de que un presupuesto transitorio genere problemas estructurales en el nivel.
Paralelamente, se mantiene el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos para las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con mejores resultados en la PSU, algo que va en contra de los principios de calidad e inclusión que el propio Estado ha definido como propios con la creación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). Por eso, desde Educación 2020 proponemos eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión en la Educación Superior.
Las principales propuestas de Educación 2020 son:
Mantener el gasto en el nivel parvulario, reasignando recursos de infraestructura a programas permanentes que apunten a la calidad.
Eliminar la reducción de recursos para los programas de Mejoramiento de la Calidad y Educación Técnico Profesional en el nivel escolar.
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos.
En la gratuidad en Educación Superior, cubrir un porcentaje extra en la duración de las carreras y limitar el crecimiento en la matrícula en base al promedio de los últimos 5 años.
Eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión.
fuente://educacion2020.cl
Monday, November 2, 2015
CHILE: Dipres: Gobierno ha ejecutado sólo el 30% de las inversiones en Educación para 2015
A septiembre, el Ministerio de Educación ha ejecutado solo el 30,8% de los recursos aprobados para gasto en inversión este año, mientras que el de Salud muestra un desempeño aún más bajo, con solo 26,6% de avance, según un informe publicado el viernes por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Estas cifras son incluso peores que las observadas en 2014, cuando a la misma fecha Educación y Salud habían ejecutado 36,1% y 43,2%, respectivamente, indica "El Mercurio".
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dijo que "debería producirse una mayor ejecución durante el último trimestre" del año, ya que hay varios proyectos que se licitaron y ya se encuentran adjudicados. En el caso de Educación, dijo que los proyectos están en desarrollo, aunque "la velocidad es bastante menor respecto de la que inicialmente se contempló en el programa de gobierno". Por ello, sostuvo que las metas propuestas se cumplirán, pero después de 2018.
Otros ministerios intensivos en inversión son Vivienda y Obras Públicas, pero en estos el avance es mayor, con 67,4% y 66,7%, respectivamente. El Ministerio del Interior muestra una ejecución de 55,9% a septiembre.
De acuerdo a los datos de la Dipres, el gasto total del gobierno creció 8,9% en enero-septiembre, en comparación con el mismo lapso de 2014, totalizando US$ 40.132 millones. Mientras, los ingresos fiscales crecieron 5,6%, hasta US$ 38.211 millones. Con ello, las finanzas públicas resultaron en el periodo con un déficit de US$ 1.921 millones, equivalente a 0,8% del PIB.
Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria creció 7,4% anual a septiembre. Esta estuvo impulsada por un crecimiento de 15,6% en los ingresos por impuestos a la renta, acrecentados por la reforma tributaria. La recaudación por IVA subió 4,9%.
Los aportes de Codelco, en tanto, cayeron 33,1% respecto del mismo periodo de 2014, por el bajo precio del cobre.
fuente://entornointeligente.cl
Estas cifras son incluso peores que las observadas en 2014, cuando a la misma fecha Educación y Salud habían ejecutado 36,1% y 43,2%, respectivamente, indica "El Mercurio".
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dijo que "debería producirse una mayor ejecución durante el último trimestre" del año, ya que hay varios proyectos que se licitaron y ya se encuentran adjudicados. En el caso de Educación, dijo que los proyectos están en desarrollo, aunque "la velocidad es bastante menor respecto de la que inicialmente se contempló en el programa de gobierno". Por ello, sostuvo que las metas propuestas se cumplirán, pero después de 2018.
Otros ministerios intensivos en inversión son Vivienda y Obras Públicas, pero en estos el avance es mayor, con 67,4% y 66,7%, respectivamente. El Ministerio del Interior muestra una ejecución de 55,9% a septiembre.
De acuerdo a los datos de la Dipres, el gasto total del gobierno creció 8,9% en enero-septiembre, en comparación con el mismo lapso de 2014, totalizando US$ 40.132 millones. Mientras, los ingresos fiscales crecieron 5,6%, hasta US$ 38.211 millones. Con ello, las finanzas públicas resultaron en el periodo con un déficit de US$ 1.921 millones, equivalente a 0,8% del PIB.
Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria creció 7,4% anual a septiembre. Esta estuvo impulsada por un crecimiento de 15,6% en los ingresos por impuestos a la renta, acrecentados por la reforma tributaria. La recaudación por IVA subió 4,9%.
Los aportes de Codelco, en tanto, cayeron 33,1% respecto del mismo periodo de 2014, por el bajo precio del cobre.
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Friday, October 2, 2015
Se mantienen diferencias por gratuidad en educación superior
Si bien el presupuesto para Educación aparece como la prioridad del Gobierno, los distintos puntos de vista que existen respecto del proceso de gratuidad no logran convencer a los distintos sectores involucrados, a pesar de las aclaraciones entregadas desde el Mineduc.
La Presidenta Michelle Bachelet confirmó que el próximo año entrará en vigencia el régimen de gratuidad para la educación superior.
Según su anuncio, como parte del envío del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, la gratuidad se aplicará a los estudiantes que pertenezcan al 50 por ciento más vulnerable de la población. Esto, equivalente a alrededor de 200 mil alumnos de instituciones de educación superior que no lucren y que cumplan con criterios de acreditación.
Distintos sectores reaccionaron a las palabras de la Mandataria, como el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, quien exige claridad sobre los ingresos que tendrán las universidades, a propósito de la implementación de la gratuidad durante 2016, lo que se relaciona con la elaboración de los presupuestos de los planteles.
Incluso, anticipa que el próximo lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Cruch, en la que recibirán al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, con el objetivo de conocer los detalles de la fórmula que pretende impulsar el Gobierno.
“Las instituciones todavía tenemos algunas diferencias importantes, pero esperamos que con estas informaciones y definiciones que ha tomado el Gobierno, la División de Educación Superior nos aclare por qué hasta la semana pasada nosotros advertíamos diferencias importantes en contra de los presupuestos universitarios”, anticipa.
Por su parte, para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra, se trata de una situación de incertidumbre, especulaciones y desconfianza, con una actitud bastante irresponsable del Gobierno, lo que incluso pone en riesgo la Reforma Educacional.
Por ello, exige que el Ejecutivo se defina ante ese camino intermedio y decida si fortalece la educación pública o continúa subsidiando el sistema.
La dirigenta asegura que el aumento de gasto público podría haber sido un factor positivo, si es que apuntara a fortalecer la educación pública, a expandirla y a entregar una gratuidad efectiva. “Pero no esta gratuidad con límites y condiciones que termina siendo cada vez más una beca”.
En ese sentido, acusa que “el Gobierno está evadiendo el debate de fondo, que no solo es el mecanismo de cómo se transferiría el financiamiento, sino también qué ocurrirá con la educación pública en todo este enredo. Y que hoy nos pasen gato por liebre diciendo que habrá fondos basales, pero que finalmente son lo mismo que un voucher, a nosotros no nos parece. De hecho, es la misma razón por la que estamos llamado a la marcha del 15 de octubre, porque acá lo que se necesita es una reforma real”
Su preocupación apunta a que los anuncios de gratuidad solo han sido anuncios, los que en ningún caso han sido debatidos. “Ni siquiera debaten con sus propios partidos políticos”, advierte la dirigenta estudiantil.
Precisamente este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a reforzar el anuncio de los avances presupuestarios en Educación e intentar aclarar las dudas. Según la autoridad, se están dando pasos en todos los estamentos, a través de un presupuesto que da un primer paso para la gratuidad.
Más precisa fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien explicó que “el alumno cuando se inscriba académicamente, no va a firmar un compromiso de pago con la institución. Es el sistema el que automáticamente le dice si está dentro del quinto decil”.
Según la ministra, el mecanismo consistirá en que el Mineduc firmará un convenio con las instituciones de educación superior, donde “se multiplica el arancel de referencia que se debe pagar por la cantidad de alumnos que están en el quinto decil de cada institución”.
Además, detalló que “todos los alumnos que hoy tienen beca y crédito se mantienen exactamente igual. Lo único que se le pedirá es que el mecanismo financie lo que dure formalmente la carrera”. Por ello, advirtió que “esto va a obligar a que las instituciones ajusten sus currículum para que las carreras duren lo que tengan que durar”.
No obstante, se trata de una situación especial, en la que sin que exista la ley se está intentando adelantar este beneficio, donde tampoco es usual hacerlo mediante una glosa presupuestaria. Así lo reconoce el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, quien en conversación con el programa Semáforo se refirió al complejo escenario.
Junto con reconocer los errores que ha cometido el Gobierno en cuanto al cronograma de la Reforma Educacional y los tiempos con que se han tramitado los proyectos, el parlamentario se detiene en la importancia de definir qué tratamiento dará el Estado a sus universidades públicas.
“¿Hay que darle el mismo tratamiento a las universidades estatales, que han demostrado calidad y cumplen con estándares exigentes, que aquellas que son privadas y que muchas veces se han transformado en verdaderas estafas para los estudiantes?”, se cuestiona Venegas.
Además, plantea que “existe una situación de excepcionalidad con este adelanto que ha resuelto la Presidenta y el Gobierno, que objetivamente nos ha generado más ruido de lo que hubiéramos deseado. Porque esto da señales y define respecto de lo que será o debiera ser el cuadro permanente que estará establecido en la ley, que tendrá que ser discutida en el transcurso del próximo año, entiendo yo”.
En lo inmediato, el diputado espera que en la glosa del presupuesto aparezca con mayor claridad el tema de la gratuidad y poder despejar las incertidumbres que se mantienen.
Lo que también preocupa es la falta de dirección que tiene esta discusión. “El Gobierno no tiene claro lo que quiere hacer ni tampoco cómo llevar este tema. Se esperaba que existiera una agenda clara, teniendo en cuenta que se trata de una promesa de campaña”, plantea el académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech).
En ese contexto, asevera que en ninguno de los dos equipos económicos de este Gobierno, encabezados por Alberto Arenas y Rodrigo Valdés, ha existido una claridad respecto de qué se va a entender por gratuidad. “Si será al interior del sistema público, dentro del Cruch, si se implementará progresivamente y dirigida a los estudiantes o dirigida al sistema”, detalla el académico.
Esa falta de definición, asegura, tiene relación con los dos espíritus de la Concertación. Uno más comunitarista, que busca garantizar derechos colectivos y un sistema educacional, y otro máCs individualista y liberal, que intenta garantizar derechos de los sujetos.
“Por la forma en que se está moviendo el Ministerio de Educación, al parecer, ahí dentro, existe un conflicto entre lo que son becas y gratuidad. Fundamentalmente porque si llegan a aceptar el mecanismo de becas, las universidades privadas no podrían recibirlas con el sistema legal existente. Entonces, eso también tensionaría el traspaso de dinero a los otros sistemas educativos, como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con los que el Gobierno también está comprometido”, analiza.
Para Sobarzo, lo que debería potenciarse son los fondos basales para las universidades del Estado, con atención a aquellas universidades que pueden aparecer con fines públicos, pero habría que discutir cuánto de eso es realmente público.
En cuanto a las cifras que considera la partida presupuestaria, considerando que la Presidenta anunció que uno de cada cuatro pesos se destinará a Educación, del total considerado, 536 mil millones estarán destinados a ese ámbito.
fuente://radio.uchile.cl
La Presidenta Michelle Bachelet confirmó que el próximo año entrará en vigencia el régimen de gratuidad para la educación superior.
Según su anuncio, como parte del envío del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, la gratuidad se aplicará a los estudiantes que pertenezcan al 50 por ciento más vulnerable de la población. Esto, equivalente a alrededor de 200 mil alumnos de instituciones de educación superior que no lucren y que cumplan con criterios de acreditación.
Distintos sectores reaccionaron a las palabras de la Mandataria, como el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, quien exige claridad sobre los ingresos que tendrán las universidades, a propósito de la implementación de la gratuidad durante 2016, lo que se relaciona con la elaboración de los presupuestos de los planteles.
Incluso, anticipa que el próximo lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Cruch, en la que recibirán al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, con el objetivo de conocer los detalles de la fórmula que pretende impulsar el Gobierno.
“Las instituciones todavía tenemos algunas diferencias importantes, pero esperamos que con estas informaciones y definiciones que ha tomado el Gobierno, la División de Educación Superior nos aclare por qué hasta la semana pasada nosotros advertíamos diferencias importantes en contra de los presupuestos universitarios”, anticipa.
Por su parte, para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra, se trata de una situación de incertidumbre, especulaciones y desconfianza, con una actitud bastante irresponsable del Gobierno, lo que incluso pone en riesgo la Reforma Educacional.
Por ello, exige que el Ejecutivo se defina ante ese camino intermedio y decida si fortalece la educación pública o continúa subsidiando el sistema.
La dirigenta asegura que el aumento de gasto público podría haber sido un factor positivo, si es que apuntara a fortalecer la educación pública, a expandirla y a entregar una gratuidad efectiva. “Pero no esta gratuidad con límites y condiciones que termina siendo cada vez más una beca”.
En ese sentido, acusa que “el Gobierno está evadiendo el debate de fondo, que no solo es el mecanismo de cómo se transferiría el financiamiento, sino también qué ocurrirá con la educación pública en todo este enredo. Y que hoy nos pasen gato por liebre diciendo que habrá fondos basales, pero que finalmente son lo mismo que un voucher, a nosotros no nos parece. De hecho, es la misma razón por la que estamos llamado a la marcha del 15 de octubre, porque acá lo que se necesita es una reforma real”
Su preocupación apunta a que los anuncios de gratuidad solo han sido anuncios, los que en ningún caso han sido debatidos. “Ni siquiera debaten con sus propios partidos políticos”, advierte la dirigenta estudiantil.
Precisamente este jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a reforzar el anuncio de los avances presupuestarios en Educación e intentar aclarar las dudas. Según la autoridad, se están dando pasos en todos los estamentos, a través de un presupuesto que da un primer paso para la gratuidad.
Más precisa fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien explicó que “el alumno cuando se inscriba académicamente, no va a firmar un compromiso de pago con la institución. Es el sistema el que automáticamente le dice si está dentro del quinto decil”.
Según la ministra, el mecanismo consistirá en que el Mineduc firmará un convenio con las instituciones de educación superior, donde “se multiplica el arancel de referencia que se debe pagar por la cantidad de alumnos que están en el quinto decil de cada institución”.
Además, detalló que “todos los alumnos que hoy tienen beca y crédito se mantienen exactamente igual. Lo único que se le pedirá es que el mecanismo financie lo que dure formalmente la carrera”. Por ello, advirtió que “esto va a obligar a que las instituciones ajusten sus currículum para que las carreras duren lo que tengan que durar”.
No obstante, se trata de una situación especial, en la que sin que exista la ley se está intentando adelantar este beneficio, donde tampoco es usual hacerlo mediante una glosa presupuestaria. Así lo reconoce el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, quien en conversación con el programa Semáforo se refirió al complejo escenario.
Junto con reconocer los errores que ha cometido el Gobierno en cuanto al cronograma de la Reforma Educacional y los tiempos con que se han tramitado los proyectos, el parlamentario se detiene en la importancia de definir qué tratamiento dará el Estado a sus universidades públicas.
“¿Hay que darle el mismo tratamiento a las universidades estatales, que han demostrado calidad y cumplen con estándares exigentes, que aquellas que son privadas y que muchas veces se han transformado en verdaderas estafas para los estudiantes?”, se cuestiona Venegas.
Además, plantea que “existe una situación de excepcionalidad con este adelanto que ha resuelto la Presidenta y el Gobierno, que objetivamente nos ha generado más ruido de lo que hubiéramos deseado. Porque esto da señales y define respecto de lo que será o debiera ser el cuadro permanente que estará establecido en la ley, que tendrá que ser discutida en el transcurso del próximo año, entiendo yo”.
En lo inmediato, el diputado espera que en la glosa del presupuesto aparezca con mayor claridad el tema de la gratuidad y poder despejar las incertidumbres que se mantienen.
Lo que también preocupa es la falta de dirección que tiene esta discusión. “El Gobierno no tiene claro lo que quiere hacer ni tampoco cómo llevar este tema. Se esperaba que existiera una agenda clara, teniendo en cuenta que se trata de una promesa de campaña”, plantea el académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech).
En ese contexto, asevera que en ninguno de los dos equipos económicos de este Gobierno, encabezados por Alberto Arenas y Rodrigo Valdés, ha existido una claridad respecto de qué se va a entender por gratuidad. “Si será al interior del sistema público, dentro del Cruch, si se implementará progresivamente y dirigida a los estudiantes o dirigida al sistema”, detalla el académico.
Esa falta de definición, asegura, tiene relación con los dos espíritus de la Concertación. Uno más comunitarista, que busca garantizar derechos colectivos y un sistema educacional, y otro máCs individualista y liberal, que intenta garantizar derechos de los sujetos.
“Por la forma en que se está moviendo el Ministerio de Educación, al parecer, ahí dentro, existe un conflicto entre lo que son becas y gratuidad. Fundamentalmente porque si llegan a aceptar el mecanismo de becas, las universidades privadas no podrían recibirlas con el sistema legal existente. Entonces, eso también tensionaría el traspaso de dinero a los otros sistemas educativos, como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, con los que el Gobierno también está comprometido”, analiza.
Para Sobarzo, lo que debería potenciarse son los fondos basales para las universidades del Estado, con atención a aquellas universidades que pueden aparecer con fines públicos, pero habría que discutir cuánto de eso es realmente público.
En cuanto a las cifras que considera la partida presupuestaria, considerando que la Presidenta anunció que uno de cada cuatro pesos se destinará a Educación, del total considerado, 536 mil millones estarán destinados a ese ámbito.
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