Gratuidad en educación superior enfrenta a la Nueva Mayoría

Con llamados a la reflexión y responsabilidad parlamentarios de la Nueva Mayoría emplazaron a los diputados y senadores de la DC a reconsiderar el rechazo a la glosa presupuestaria de gratuidad que harán efectivo de no haber cambios en la iniciativa.

Los senadores y diputados de la Democracia Cristiana manifestaron su intención de rechazar la glosa presupuestaria que garantiza la gratuidad en educación superior, y que actualmente se discute en la subcomisión mixta de Presupuesto en el Parlamento, poniendo en riesgo que esta iniciativa esté en ejercicio en 2016.

Desde la Falange argumentan que el financiamiento no debe estar focalizado en las instituciones de educación superior, que cumplen con los requisitos de estar acreditados por cuatro años, y que no lucran, sino también debe incluir a alumnos vulnerables que estudian en institutos y centros de formación técnica que no necesariamente cumplan estos requisitos.

Mario Venegas, diputado de la DC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, citó como ejemplo el caso de Inacap, que siendo una institución ocn fines de lucro, acoge a estudiantes que califican como vulnerables, pero que quedarían excluidos de la gratuidad, por lo que llamó a que el objetivo de esta política pública esté en las personas.

“La mirada debiera estar puesta en los alumnos vulnerables, en el nivel socioeconómico de los alumnos más que en las instituciones. Eso es lo que está mayoritariamente planteado por parte de quienes estamos directamente involucrados en el tema. La bancada de senadores, como quedó planteado en la declaración y los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara”.

Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista lamentó la decisión tomada por la Democracia Cristiana “asumiendo el discurso propio de la oposición en esta materia”, e hizo un llamado “a la reflexión y a la responsabilidad”, y espera que esta decisión de la Falange “no sea una intención de tirar el mantel para estar negociando otras cosas”.

Además, la parlamentaria emplazó a que la DC tenga una actitud propositiva, y así “no poner en juego” esta iniciativa. Asimismo, llamó a que el Gobierno tome un rol más activo para sacar adelante esta iniciativa, la cual, si se mantiene el rechazo de parte de la Falange, corre el riesgo de no ver la luz en 2016.

“Claramente, si la derecha no quiere apoyar esto y ha amenazado con mandar al Tribunal Constitucional la gratuidad, y ahora se suma la DC, obviamente esto se rechaza, y eso, desde el putno de vista político, no es solamente dañino para el Gobierno o la Presidenta, es dañino para los estudiantes que tenían visto, poensado, y proyectado el 2016 estudiar gratuitamente, y que hoy día no tienen condiciones para poder pagar. Entonces, es un impacto social-político tremendo, y no sé si van a poder hacerse responsable de aquella determinación”.

Cristina Girardi, diputada del PPD, calificó de “irresponsables” a los parlamentarios de la DC que han anunciado este rechazo en bloque, y enfatizó en que su postura es que sólo las universidades estatales sean las que reciban el beneficio de la gratuidad, incluso considerando la posibilidad de que puedan expandir su matrícula gracias a la inyección de más recursos.

La diputada recalcó que el Estado no puede hacer entrega de recursos a universidades e instituciones que no cumplan con el requisito de no tener fines de lucro ni estar acreditados, y citó el caso de la Universidad del Mar para refrendar su negativa a la que han propuesto los parlamentarios de la Falange.

“A mí me parece una irresponsabilidad tremenda plantear esto hoy día, como “hagámoslo, no importa si la institución vulnera la ley, no importa si estafan, no importa si entrega lo que tiene que entregar”, porque a la larga ese no es un tema que beneficie a los estudiantes, termina siendo un beneficio para las universidades”.

Por su parte, el investigador del Observatorio Chileno de Políticas Públicas (Opech), Mario Sobarzo, si bien se mostró de acuerdo en que el Estado no debe financiar instituciones de educación superior que tengan fines de lucro, sostuvo que el mismo Mineduc ha reconocido no tener la capacidad de fiscalizar si los centros educativos que dicen no lucrar, efectivamente cumplen con esta norma.

“Tampoco sabemos si es que hay o no lucro, porque con las condiciones actuales, el mismo Ministerio reconoce, respecto de las escuelas no de las universidades, que no tiene mayores antecedentes de los gastos ni de las glosas presupuestarias de las propias escuelas. Da cuenta de que si en los colegios no tiene control, menos todavía a nivel universitario y a nivel de IP, o de CFT. Eso ya muestra que no existirían esas condiciones”.

Se espera que mañana desde las 15 horas la subcomisión mixta de Presupuesto analice la glosa que asegura la gratuidad en instituciones de educación superior, no obstante se ha señalado que es posible que el proceso culmine el próximo lunes, y así tener tiempo para seguir negociando un cambio de parecer entre los parlamentarios de la DC.

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Municipios suman deuda por $ 250 mil millones en educación

Son 187 las municipalidades que figuran con deuda a proveedores, mientras que otras 50 tienen mora en pago de montos provisionales.

Más de $ 250 mil millones es la deuda asociada a educación que tenían los 345 municipios el año pasado, según un documento de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) al que tuvo acceso La Tercera. En esa línea, 187 adeudaban $ 25 mil millones a proveedores y 50 mantenían morosidad en el pago de montos de tipo previsional, por $45 mil millones (ver infografía).

Los alcaldes remarcan que es necesario sanear el déficit financiero de los municipios para que funcione la nueva educación pública, cuyo proyecto será firmado hoy por la Presidenta Michelle Bachelet, para que ingrese al Congreso. La iniciativa creará 67 servicios locales de educación que administrarán las escuelas y liceos. “Si la educación no está sana financieramente, de partida el nuevo sistema va a ser malo, va a arrastrar los problemas de hoy”, asegura Julio Palestro, alcalde de San Miguel. “Vamos a llegar ya a la transición mal, y tendremos que cerrar colegios”, advierte Christian Vittori, edil de Maipú. 

Palestro remarca que desde 2014, bajo su administración, no se han generado deudas, pero que ha tenido que subsanar el polémico déficit previsional histórico. Así, con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) 2014, San Miguel destinó $ 106 millones a “finalizar la deuda de arrastre del personal vigente” de educación. Así, gastó el 33% del Faep.

El alcalde de San Miguel apunta a que hay un problema estructural en el sistema y remarca que cada año el municipio entrega $ 1.200 millones para educación. En Puente Alto dicen lo mismo. “Para hacer funcionar los programas de los 27 colegios, entregamos $ 4.000 millones anuales. No se trata sólo de colocar una nueva administración, sino también de poner los recursos necesarios para que funcione y mejor. Hay una brecha inmensa de gasto que ojalá el  gobierno se decida a poder superar”, remarca Germán Codina, alcalde de la comuna.

En 2008 los municipios recibieron US$ 2.100 millones por servicio educativo y en 2014 creció a casi US$ 3.200 millones. En tanto, para el fortalecimiento de la educación, este año se programó dar $ 293.000 millones, que crecerán a $356.000 millones en 2016.

Raciel Medina, coordinador de Educación de la AChM,  dice que “los fondos se han incrementado significativamente, pero los recursos de la subvención regular, que es la que paga el costo del servicio, como luz y agua, ha disminuido por la caída de la matrícula, ya que se paga por asistencia”. El 60% de los ingresos de educación provienen de la subvención regular. En 2008 representaba un 70%. “Con el resto de los fondos tienes un destino específico y no puedes pagar agua, luz ni gastos así”, dice.

Así, la subvención regular por asistencia sería una causa estructural del déficit que se genera en el sistema de educación municipal. Y a eso se suma la gestión. “El 39% de los municipios carece de personal técnico pedagógico, porque la capacidad técnica se quedó en el ministerio con la municipalización y las comunas tuvieron que hacerse cargo de muchas obligaciones”, expone Carlos Eugenio Beca, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (Cide) de la U.Alberto Hurtado.

Distintos sectores afirman que el nuevo sistema de educación pública requiere un cambio de financiamiento. “El déficit estructural es de larga data porque nunca ha habido 100% de asistencia. Ahora tampoco lo hay. Siempre se habló de la necesidad de un nuevo sistema de financiamiento que sea capaz de financiar calidad y no sea por asistencia”, subraya Vittori.  

Pero desde la UDI opinan distinto. “El problema de la asistencia tiene que ser corregido, pero tiene una condición positiva: hace que los municipios se preocupen de que los alumnos lleguen a clases. Debe haber una fórmula proporcional de financiamiento que considere asistencia y un componente más fijo”, dice el diputado José Antonio Kast (UDI). 

La postura inicial del Ministerio de Educación era no modificar la subvención regular en este proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que el gobierno se habría abierto a cambiarla e incluir una fórmula que considere tanto la asistencia como la matrícula. No se incluiría directamente en el proyecto que ingresará al Congreso, pero podría sumarse en el camino o entrar aparte.

Cuestionamiento al gasto

La información del Mineduc es que un 13% del Faep se ha empleado en saneamiento financiero, un 23% en infraestructura y un 34% en administración y normalización de los establecimientos. Sin embargo, hay cuestionamientos a su uso. 

“Hay muchos elementos que exigen una evaluación de esos aportes. En muchos casos, lo hemos planteado en la comisión, el Faep está sirviendo para financiar la deuda previsional y  cosas administrativas y no para mejorar directamente la calidad”, asegura el diputado Rodrigo González (PPD), quien agrega que “no es que haya que terminar el Faep, hay que fortalecerlo”.

Kast, añade que “todos los fondos pueden ser mejor regulados y fiscalizados, no es un problema de los recursos mismos, sino de cómo se fiscaliza su uso”.

Desde el ministerio señalan que para mejorar la gestión de los recursos, desde principios de este año se comenzaron a conformar comités para construir los convenios de desempeño para la entrega de los fondos de apoyo. “A medida que los municipios avanzan en la ejecución de las iniciativas comprometidas, se les transfieren los recursos, en tres cuotas”, explica Vivien Villagrán, jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Mineduc, quien agrega: “Los municipios y corporaciones deben rendir periódicamente los recursos transferidos por el Mineduc. Estas rendiciones son revisadas y aprobadas por las Seremis y no sólo se refieren a rendir el gasto, sino a verificar las acciones ejecutadas”.

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Rectora Roxana Pey: “El presupuesto es insuficiente para la Universidad de Aysén”

La máxima autoridad de la Universidad de Aysén se refirió a los recursos que se entregarán, vía Ley de Presupuesto, para la instalación de la nueva institución. Reconoció insuficiencia, pero explicó que son situaciones que aún conversan con las autoridades ministeriales.

Mil trescientos veintiocho millones de pesos fueron destinados vía Ley de Presupuesto para la instalación de la nueva Universidad de Aysén, mismo monto comprometido para la que se ubicará en la región de O´higgins.

Una vez conocido el desglose, diferentes voces políticas y expertas advirtieron que los recursos destinados no serían suficientes para llevar adelante los proyectos. Incluso, se habló de universidades que “nacían muertas”, producto del dinero que sería deficitario si había que conciliar necesidades de infraestructura, estudios de establecimiento y composición de un futuro cuerpo académico.

En conversación con el Diario Electrónico de la Universidad de Chile, la rectora de Aysén, Roxana Pey, advirtió que se necesitaría más del doble de lo comprometido por glosa presupuestaria, conversaciones que no están cerradas con el Ministerio de Educación, ni con el resto de los actores implicados.

“Construir una universidad es un trabajo que se hace en etapas. No se puede pretender que de un mes a otro, todo esté funcionando. Este es una institución que se va a ir construyendo y un presupuesto que también se va a ir construyendo”, explicó la doctora.

Sin embargo, reconoció que, tal como aparece en la Ley de Presupuesto, la cantidad es insuficiente: “Eso no es discutible. Permite una instalación administrativa y directiva, pero que es muy escuálido a la hora de montar un cuerpo académico. Eso lo estamos conversando con el Ministerio de Educación y Hacienda”.

En ese proceso de creación, la Rectora destacó la importante colaboración que tienen desde el gobierno regional: “No hay que ver el presupuesto como que es solo eso. Esto es una parte, y lo estamos arreglando, complementando y trabajando por etapas.”

En el cronograma de trabajo de esta nueva universidad, 2016 aparece como el año en el que se inicia la instalación administrativo-directivo. Luego, el cuerpo académico y, a la par, los estudios que van a permitir construir el campus. “Vamos a recibir un edificio del gobierno regional, que son cosas necesarias de agregar al presupuesto como recursos que vienen desde otras líneas”, aclaró.

Gratuidad
Siendo ya parte activa de las reuniones del Consejo de Rectores, la doctora Pey avanzó en materia de gratuidad. Al igual que sus pares, los nuevas autoridades universitarias, están preocupadas y trabajando por alcanzar el tan anhelado fortalecimiento de las instituciones públicas del país.

En ese sentido, destacó el que los recursos comprometidos por el Gobierno no sean repartidos a través de vouchers que perpetúan un sistema de mercado en la educación chilena: “Estamos apuntando a que esta universidad, cuando reciba estudiantes en 2017, pueda ofrecer gratuidad con financiamiento estatal”.

Al igual que el Rector Ennio Vivaldi, máxima autoridad de la Universidad de Chile, y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Roxana Pey advirtió sobre la “pérdida de sentido en lo que es el rol de la educación superior en el país”. La reflexión compartida por la rectora, apunta a cómo los mecanismos de financiamiento han sido relevantes en esta pérdida, desvirtuando el quehacer de las instituciones. “Lo que se requiere es una recuperación del espacio de educación superior para el desarrollo del país”, agregó.

Por ello, hizo el llamado a trabajar en un cambio al financiamiento: “Sabemos que ahí está la clave del asunto. Tener gratuidad de inmediato, es posible. Requerimos mecanismos que no nos desvirtúen, y esos pasan por financiamiento”.

Otro de los temas abordados en la conversación, es a qué instituciones se entregará el financiamiento. En ese escenario, Roxana Pey llamó a no olvidar que se trabaja en contra del tiempo, toda vez que hay muchos jóvenes que no pueden estudiar, que son engañados: “Tenemos que avanzar rápido en un sistema de educación que atienda las necesidades formativas de los jóvenes y el desarrollo del país con generosidad. Un sistema bien definido, que no se dedique a lucrar, a construir la industria de la educación”, dijo.

En su opinión, es necesario poder fiscalizar bien a las entidades que recibirán estos recursos, principalmente, tomando como referencia todas aquellas que no deben rendir cuentas por estos dineros: “Hay intereses económicos comprometidos. Hay quienes piensan que conviene mucho mantener las cosas como son hoy. Es una trampa que hay que cortar de raíz y, ahí vamos a empezar a ordenar las cosas”, reiteró insistiendo en la buena decisión tomada por las autoridades, al disponer de la gratuidad sin el aporte directo a los estudiantes, traspaso reconocido como vouchers.

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