Análisis del Ministerio de Educación estableció que, en promedio, un 22,1% de los estudiantes de pregrado deja sus estudios durante el primer año.

Casi la mitad de las universidades del país registra un nivel de deserción de alumnos de primer año de las carreras de pregrado que está por sobre el promedio de los planteles, de acuerdo con un estudio realizado por el Sistema de Información de Educación Superior (Sies) del Ministerio de Educación (Mineduc).

El informe, sobre la retención, analizó la situación de los estudiantes de 58 recintos académicos públicos y privados en 2016, y detectó que el 22,1% de ellos abandona la enseñanza superior durante aquel primer período, mientras que el 77,9% permanecen en estas. Además, las estadísticas indican que del total de universidades, 28 de ellas tienen un nivel de deserción superior al promedio. El reporte no contempla los datos de las universidades de Aysén y O’Higgins, las que no tenían su matrícula activa.

Pese a estos datos, el análisis muestra que si se compara el promedio actual de deserción de los recintos educacionales superiores, se aprecia que esta ha mostrado una baja respecto de los últimos cinco años: pasó de un 25,4% en 2012 a un 22,1% actualmente.

Las universidades que tienen los más altos niveles de deserción son la de Ciencias de la Informática, con un 93,9%; la Arcis, que llega a un 61,8%, y la SEK, que tiene un 55,4%. En tanto, los planteles con menor abandono son la U. de Los Andes (11,3%), la U. Autónoma de Chile (12,6%) y U. Católica del Maule (12,9%) (ver infografía).

Para el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, el promedio de la deserción puede estar “alterado”, pues hay recintos en crisis que han tenido una fuga de alumnos, como la Universidad Arcis.

“Ese porcentaje está estadísticamente distorsionado por las dos últimas universidades (Arcis e Iberoamericana), porque son instituciones que van a cerrar, por eso es importante hacer hincapié en eso. Pero al referirnos al porcentaje promedio nos damos cuenta de que no tiene cambios significativos”, explica Brunner.

El académico añade que los resultados sobre la retención que logran las universidades, podría estar relacionado con la trayectoria escolar de quienes dejan sus carreras. “Demuestra que (las universidades) tienen una mayor dificultad para retener a sus alumnos. Esto se podría deber a que se trata de jóvenes con menores recursos y con una trayectoria escolar más débil, con bajos puntajes PSU”, agrega Brunner.

Un diagnóstico similar tiene Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la U. de Chile, quien manifiesta que “por lo general estas universidades son de menor desempeño, y las tasas de deserción se pueden entender porque ingresan estudiantes más vulnerables, los que muchas veces tienen que irse para trabajar o muchos de ellos quieren irse a algunas instituciones de mayor prestigio”.

Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa (Centre) de la U. Católica, asegura que los resultados también se podrían deber a la carencia de programas de acompañamiento para los nuevos pupilos. “Son universidades con mayor fragilidad en materia institucional, lo que quiere decir que no cuentan con programas de apoyo para sus estudiantes, ni con planes de seguimiento académico, lo que es fundamental para los primeros años universitarios”, indica.

Los expertos aseguran que para revertir la situación debería existir apoyo académico del Estado. Al respecto, José Joaquín Brunner señala que “habría que revisar también el apoyo en materia académica, económica y social. En caso de que esto no suceda, se deberían hacer cargo”.

Acreditación

Al considerar el factor de la acreditación o “sello de calidad” de las instituciones, se aprecia que las universidades que cuentan con esta certificación muestran porcentajes más bajos de deserción (21% en promedio). En cambio, un 43,7% de los estudiantes de primer año de las entidades que no tienen acreditación, abandonan.

Esto se evidencia con las tres universidades con mayor deserción, las cuales no están acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación, ente que realiza un análisis de la institución (financiero y administrativo), de los contenidos educativos y de la investigación para entregar esta denominación. Juan Pablo Valenzuela añade que esta realidad debería ser un indicador importante para que los alumnos decidan quedarse o emigrar a otra institución.

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Rector Valle: “Hay muchos interesados en que sigan las becas en educación superior”

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores es "evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior".


Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) de forma unánime declaró admisible analizar el recurso presentado por Chile Vamos en contra de la glosa de gratuidad. Ahora, la institución tendrá 10 días de plazo para tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad del mecanismo propuesto por el gobierno para alcanzar la gratuidad 2016 en educación superior.

El requerimiento presentado por 31 parlamentarios de Chile Vamos busca rechazar ésta vía de financiamiento, porque existiría una “discriminación arbitraria” por parte del Gobierno, en los criterios para liberar del pago de aranceles, también en los requisitos definidos para que las instituciones se sumen al mecanismo. Así, se busca eliminar la gratuidad desde el Presupuesto 2016, argumentando además que existió poco debate en el Congreso. La idea de los requirentes es que el pago de transfiera mediante fondos de becas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, horas antes de conocer el resultado del Tribunal, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, se refirió a la política gubernamental de financiar a través de una glosa presupuestaria el inicio de la implementación del derecho de gratuidad y al debate que en torno a esta figura se desarrolla en el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Aldo Valle indicó que el requerimiento presentado por los parlamentarios de derecha da cuenta de dos formas encontradas de ver el mundo que conviven en el Chile de postdictadura.

Además, el Rector señaló que en caso de que el requerimiento sea aprobado, es responsabilidad del Gobierno y sus parlamentarios encontrar el modo de implementar la gratuidad conforme a lo planteado.

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores, hay muchas voces interesadas en que continúe el sistema de becas, pues de ese modo es el mercado el único regulador del sistema de educación superior. “Es evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior”.

En relación al sentido de oportunidad de comenzar la ejecución del derecho de gratuidad a través de una glosa presupuestaria, Aldo Valle señaló que lo ideal hubiese sido que se hiciera mediante un proyecto de ley que estableciera las bases de lo que será la reforma a la educación superior.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que uno de los escenarios posibles en caso que se declare inconstitucional la medida es que los montos destinados a otorgar la gratuidad, se focalicen sólo en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que encendió las alarmas entre algunas universidades privadas que han manifestado querer ser parte de este beneficio.

Fue el caso del rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien dijo a La Segunda que de ser impugnada la gratuidad, “lo más serio sería suspender su entrega”, mientras que el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expresó que la incertidumbre que plantea este escenario complica que se pueda cumplir el plazo impuesto por el Gobierno a las instituciones que se van a acoger a la gratuidad, que es el 22 de diciembre.

Para Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), la posibilidad de que el Tribunal Constitucional rechace la glosa de gratuidad, podría convertirse, desde su punto de vista, en “un gran escenario para el Gobierno”, ya que tensionaría las relaciones con este “cuarto poder”, que a juicio de Sobarzo, es una institución que tuerce la voluntad democrática.

De hecho, para Sobarzo “el peor escenario” para el Ejecutivo sería que la gratuidad fuera visada por el TC: “El peor escenario es justamente que esto pase como si nada porque, en el fondo, el Gobierno se va a tener que ver obligado a tener que aplicar una muy mala gratuidad, como es la que tiene hoy día. Si esto pasa sin pena ni gloria, cuando la gratuidad realmente reviente que no va a resolver los problemas de fondo, el Gobierno va a tener que hacerse cargo, en cambio si revienta ahora lo bueno es que tensiona y obliga justamente, a llevar la pelea a la derecha, eso es lo más interesante del escenario”.

Asimismo, criticó que la gratuidad se haya otorgado a través de una glosa presupuestaria decidida por el Congreso, y no se haya construido a partir de un diálogo de carácter nacional y participativo.

Desde el Cruch manifestaron que se reunirán en el lapso de dos semanas para evaluar las posibilidades reales de las instituciones de plegarse al beneficio de la gratuidad, plazo que expira el próximo 22 de diciembre, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se pronuncie en contra, lo que obligaría al Congreso a tramitar una posible “ley corta” para implementar esta medida.

Ya el lunes, el TC había aceptado revisar el recurso, por lo que en la sesión de hoy se declaró admisible y se organizó el calendario de trabajo que define que el próximo miércoles recibirán a representantes de la sociedad civil para escuchar su opinión sobre la gratuidad y el mecanismo de entrega de los fondos. Así, los alegatos de las partes enfrentadas se realizarían el jueves 10 de diciembre.

La resolución final podría darse a conocer el 23 de diciembre, un día después que las universidades deban definir si se sumarán a la gratuidad propuesta por el gobierno, y menos de una semana antes que los estudiantes conozcan sus puntajes PSU y deban iniciar su proceso de postulación.

Desde el Gobierno insisten que se alcanzará la gratuidad para 2016. Ahora, después del fallo, evaluarán los caminos a seguir.

fuente://  radio.uchile.cl