Desmunicipalización entra al Congreso con críticas estudiantiles

La Presidenta Michelle Bachelet firmará este lunes el proyecto de “Nueva Educación Pública” o Desmunicipalización. La iniciativa contempla un traspaso gradual de los colegios y se implementará en 60 comunas en un plazo de dos años.

Este lunes, la Presidenta Michelle Bachelet firmará y despachará al Parlamento el proyecto de ley de desmunicipalización que contempla, entre otras medidad, que en un plazo de dos años 60 comunas a lo largo del país se acojan a la nueva norma.

La iniciativa se presenta con retraso de acuerdo a su cronograma original, lo que en su momento provocó la molestia de los actores involucrados, entre ellos, los alcaldes y estudiantes secundarios.

De todas formas, el ánimo ahora es más optimista, así lo cree el encargado de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gonzalo Navarrete, quien espera una rápida tramitación en el Parlamento del proyecto: “El último par de meses que demoró si sirvió para que se mejorará el proyecto me parece una buena idea, nos hubiese gustado que fuera antes pero aún estamos a tiempo”.

Para el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Cones, Ricardo Paredes, la Nueva Mayoría debe respetar en el Parlamento el espíritu del texto que enviará el Gobierno, “ojalá se dé un largo debate y que la Nueva Mayoría entienda el espíritu de la ley y la guíe por el camino correcto”, sostuvo.

De todas formas, desde la Cones cuestionan que este proyecto lleve el nombre de “Nueva Educación Pública” considerando que son muchos los aspectos que se necesitan mejorar para poder hablar de un mejor sistema educacional.

Por su parte, Claudia Arévalo, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), criticó la escasa participación que hubo para que los actores sociales pudieran incidir en el proyecto junto con señalar que la iniciativa deja diversos aspectos sin considerar: “solo tiene que ver con un tema de financiamiento, no ve la educación integral de los estudiantes y a quienes hemos dicho eso jamás se nos ha recibido por parte de las autoridades”, señaló la dirigenta estudiantil.

Del proyecto que se discutirá en el Parlamento se conoce que tendrá una implementación gradual, la administración de los colegios públicos quedará en manos de más de 60 servicios locales de educación, se fortalecerán las comunidades escolares y se mantendrá el pago de subvenciones por medio de la asistencia de los alumnos.

Los alcaldes esperan además en los próximos días retomar las negociaciones para establecer un convenio entre los municipios y el Mineduc para “establecer las condiciones para la transición hacia la nueva educación pública”.

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Organizaciones exigen ingreso del proyecto de desmunicipalización

Según las agrupaciones desde el Mineduc han cambiado reiteradamente la fecha de ingreso del proyecto, esto pese a que el documento se encuentra listo para su discusión.

Un emplazamiento a la ministra de Educación realizó la Mesa por Más Educación Pública integrada por el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y el Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes exigieron el ingreso del proyecto de Nueva Educación Pública. Esto, a un mes de finalizado el plazo autoimpuesto por el Mineduc.

Con la misiva, la Mesa por Más Educación Pública, busca acelerar el proceso de desmunicipalización que se ha visto postergado en sucesivas ocasiones.

“Tiene que existir la real voluntad, porque como lo hemos dicho, el movimiento social ha tenido la disposición, se ha movilizado, ha propuesto de manera respetuosa, como corresponde en reuniones pre legislativas, pero nos parece ya casi una falta de respeto que se nos digan y se nos digan fechas, porque esto para nosotros no es un juego”, indicó el vocero de la Cones, Ricardo Paredes.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló que “aquí hay sectores claramente al interior de la Nueva Mayoría que se han mostrado muy renuentes a toda esta reforma, que han sido muy ligados a la educación de mercado y que siempre han estado exponiendo sus posiciones y eso yo creo que es muy lamentable.

“Aquí hay que respetar posiciones de mayoría, hay una mayoría clara en el país que hoy día quiere este tema de la desmunicipalización”, recalcó el dirigente.

Por otro lado, el diputado PPD Rodrigo González indicó que no hay nada de extraño en el retraso de la presentación del proyecto que se encuentra redactado. Para el parlamentario, la demora se debe a problemas de agenda:“La redacción del texto está lista y simplemente no se ha remitido al congreso porque estamos en semana distrital y no avanzaríamos en nada con el envío del proyecto en estos días en que los parlamentarios están en sus distritos realizando trabajo en terreno”, dijo.

Sin embargo, el diputado UDI José Antonio Kast refutó los planteamientos de González, manifestando que las oficinas del Congreso Nacional están permanentemente disponibles para la recepción de proyectos de ley por parte del Ejecutivo y que si este no ha sido presentado se debe a la improvisación que a su juicio caracteriza al Gobierno.

En este sentido, el gremialista indicó que el Gobierno sigue preso de promesas que hoy es incapaz de cumplir: “El Gobierno llegó a ganar la elección diciendo que lo iba a reformar todo y cuando llega al poder se da cuenta de que eso es imposible y que además trae consecuencias muy negativas, entonces lo que vemos hoy día en educación es lo mismo que estamos viendo en el tema de la educación superior y es lo que vamos a comenzar a ver con el tema de la reforma constitucional y se ve reflejado además en situaciones puntuales como el paro que vive hoy día Chile con el Registro Civil, que son promesas incumplidas”, señaló.

Por último, desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz,  indicó que en las próximas semanas ingresará el postergado proyecto de ley de Nueva Educación Pública, que plantea el término de la responsabilidad de las municipalidades en la enseñanza, sugiriendo un potenciamiento del rol del Estado en esa área.

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CONFECH CRITICA QUE NO SE HAYA CLARIFICADO GRATUIDAD EN PRESUPUESTO: "FALTA DE RESPETO"

Marta Matamala, presidenta de la Feusach, dijo que “hoy día el Gobierno ya ha decidido con quién construirá la reforma y sabe con quién no la va a hacer. Y por lo tanto nos deja bastante claro que ni siquiera tendrá la decencia de manifestarnos cuáles serán los mecanismos a través de los cuales se implementará la gratuidad el 2016”. Nicolás Fernández, representante de las universidades privadas en la organización, añadió “que la Presidenta se refiera en menos de un párrafo sobre lo que será la educación (en el discurso sobre Presupuesto), que no venga a decir nada nuevo (…) nos parece nefasto, una falta de respeto”. Dirigentes convocaron a marchar por la Alameda el próximo 15 de octubre.

Enérgicas críticas al anuncio sobre el Presupuesto 2016 que hiciera la noche de este miércoles la Presidenta Bachelet, en el que no clarificó la fórmula para calcular la gratuidad el próximo año, y un llamado a participar en la próxima marcha del jueves 15 de octubre hicieron este jueves los voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y dirigentes de diferentes organizaciones que componen la mesa social por la educación.

Estuvieron presentes en la ocasión Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH); Nicolás Fernández, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (UDP) y representante de las universidades privadas en la organización universitaria; Marta Matamala, presidenta de la Feusach; Claudia Alvarado, vocera de la ACES, además de representantes de los deudores; de Alto Maipo y de la Coordinadora Autonóma.

Valentina Saavedra recordó que desde el 2011 los estudiantes han señalado que quieren “educación pública, gratuita y de calidad. Por lo tanto,  educación gratuita sin educación pública y de calidad termina siendo finalmente más presupuesto, más financiamiento público para los empresarios de la educación. No puede ser que se hagan anuncios, que se generen expectativas en las familias del país y después, por cuadrar la caja, terminan renunciando a los cambios y demandas que el movimiento social ha planteado”.

Según la dirigente esto “ratifica la necesidad de seguir movilizados”. Recordó que solicitaron permiso para marchar por la Alameda desde Plaza Italia hasta Echaurren. En ese sentido, pidió que la intendencia cumpla “el compromiso que adquirió con la Confech que en esa marcha efectivamente se daría ese recorrido”.

FERNÁNDEZ: “NEFASTO”
Respecto al anuncio del erario 2016, Nicolás Fernández dijo que se debe entender “la relevancia que tiene para las familias chilenas esta reforma educacional”. Destacó que han marchado más de 200 mil personas, entre estudiantes y trabajadores, para exigir “una transformación en la educación”.
“Que la Presidenta se refiera en menos de un párrafo sobre lo que será la educación (en el discurso sobre Presupuesto), que no venga a decir nada nuevo (…) nos parece nefasto, una falta de respeto”, manifestó.

El dirigente emplazó a las autoridades “a que existan mayores claridades” respecto a la reforma y a la gratuidad 2016.

El dirigente indicó que hay universidades que cerrarán su segundo semestre entre enero y marzo del próximo año. Ante esto, “¿cómo se firmará un compromiso con la gratuidad si hay universidades del Cruch (Consejo de Rectores) que estarán terminando su semestre?”, se preguntó.
A ello se suma que todavía no hay claridad respecto a qué casas de estudio privadas podrán optar a la gratuidad, apuntó.

“Nos parece una falta de respeto como este Gobierno ha llevado la reforma y la gratuidad para el 2016. Es una falta de respeto que este movimiento social, queriendo opinar (…) no se nos tome en cuenta para lo que será la gratuidad para el 2016”, destacó.
Fernández planteó que la gratuidad es un precedente para lo que será la reforma. En este sentido, señaló que ven “un marco regulatorio pésimo (…) cada dos o tres semanas cambia la visión que tiene el ministerio sobre lo que será la reforma”.
MATAMALA:  “SUPERFICIAL”


Marta Matamala recordó que hace algunos días en la Confech señalaron que cuando no se quiere clarificar los montos (del Presupuesto para Educación) es que no “se sabe hacia donde se avanza” o “no nos quiere decir porque sabe que a los movimientos sociales no nos va a gustar los montos y las discusiones que se han dado (en torno al erario)”.

“Lo que ocurrió ayer (miércoles) cuando se dio un anuncio tan superficial (Presupuesto), cuando no se quiere clarificar de ninguna manera cuáles son los mecanismos por los cuales se llegará a la gratuidad el 2016, cuando no se clarifica tampoco con quién se ha discutido y cuales serán los alcances que tendrá el primer paso a la reforma a la educación superior nos queda claro cuál de las dos respuestas es”, remarcó la dirigente.

“Hoy día el Gobierno ya ha decidido con quién construirá la reforma y sabe con quién no la va a hacer. Y por lo tanto nos deja bastante claro que ni siquiera tendrá la decencia de manifestarnos cuáles serán los mecanismos a través de los cuales se implementará la gratuidad el 2016”, puso el acento.

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Desmunicipalización incluirá a 20 comunas

Proyecto que debía ingresar al Congreso esta semana, se aplazó hasta el 5 de octubre a la espera del visto bueno de Hacienda. En la transición, el Estado ofrecerá un bono de incentivo al retiro de un máximo de $ 14 millones para funcionarios municipales.

Para el 5 de octubre se aplazó el ingreso del proyecto de Nueva Educación Pública al Congreso, el que traspasará la administración de los colegios desde los municipios a los futuros servicios locales de educación. “Hay ciertos contenidos que se han ido agregando al proyecto y que la Dirección de Presupuesto tiene que terminar de visar”, explicó el alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gonzalo Navarrete.

Sin embargo, desde la Nueva Mayoría señalan que la postergación del proyecto responde a la necesidad de concordar ciertos aspectos que pueden estar generando diferencias al interior de la coalición oficialista.

El proyecto, que debería entrar en régimen en 2018, crea la Dirección de Educación Pública, la que estará al mando de 67 Servicios Locales de Educación (SLE). La ministra de Educación, Adriana Delpiano, había señalado anteriormente que serán cuatro SLE los que comenzarán a funcionar como piloto al primer año de entrada en vigencia de la ley. Uno de ellos funcionará en una zona rural, otro en una urbana, un tercero funcionaría en un territorio complejo (como La Araucanía, por ejemplo) y un cuarto agruparía a toda una región, de menor tamaño.

A esto se le agrega que, según un documento borrador del Mineduc al que tuvo acceso La Tercera, serían 20 las comunas que ingresarían a esos cuatro servicios. “La instalación de los nuevos SLE debe considerar, en prioridad, aquellos territorios donde objetivamente sea posible apreciar que el derecho de una educación pública de calidad se encuentra en riesgo o muy fragilizado”, remarca el documento.

Así, al año siguiente no se sumarían más organismos de este tipo, pero al subsiguiente entrarían otras 38 comunas al nuevo régimen, las que conformarán nueve SLE (ver infografía). El proceso de transición se extenderá por seis años, al cabo del cual se sumarán las últimas 113 comunas, para completar el total nacional.

“Esta organización crea un sistema de calidad, que fue una de nuestras peticiones. Este proyecto de ley no puede ser sólo un cambio de sostenedor, tiene que cambiar la mirada sistémica”, remarcó Navarrete.

En esa línea, explica el edil, se tomó la decisión de otorgarle poder resolutivo a los consejos escolares en dos áreas: actividades extracurriculares y reglamento interno. “Cuando se tienen comunidades más involucradas se logran mejores resultados de aprendizaje”, remarcó Navarrete.

Presupuesto

El proyecto plantea que cerca de un 70% de los trabajadores que se desempeñan como asistentes de la educación y de las actuales corporaciones y direcciones de educación municipal será traspasado a los Servicios Locales de Educación mediante un concurso interno. Además, se diseñará un mecanismo de incentivo al retiro que será voluntario y funcionará hasta el 2022. “El incentivo considera un tope de 560 UF por 35 años de servicio, más un mes por año de carrera con un máximo de 11 meses”, destaca el texto del borrador, lo que equivale a poco más de $ 14 millones.

“A nosotros nos preocupa que se respete las condiciones de trabajo y la antigüedad de muchos trabajadores de las corporaciones y asistentes de la educación, que no se repitan los errores y se vaya a generar una deuda histórica dos”, dice Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.

El dirigente enfatizó además que otra de las preocupaciones del gremio es que el proyecto no crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. “Hay que entender que aquí se requiere un cambio del sistema de financiamiento, hoy enfocado a subsidiar la asistencia, y que tanto daño ha causado a la educación pública. Si eso no se cambia, difícil será rescatar a los colegios de los problemas en los que están sumergidos”, agregó Gajardo.

Por este punto, desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) anuncian una movilización para el 6 de octubre.

En tanto, Cristián Bellei, académico del Centro de Investigación Avanzada de la U. de Chile y quien además ha asesorado al Mineduc en materia de Nueva Educación Pública, explica las complejidades del tema. “Desde el gobierno anterior se sabe que se requiere hacer un estudio técnico, porque la subvención tiene problemas importantes, ya que  afecta al conjunto del sistema, no sólo a la educación pública (...) Sería importante que el gobierno haga este cambio, no creo que sea imprescindible en este proyecto, pero sí debe estar en la reforma educacional”.

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