El rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, llamó a cuidar el patrimonio del Consejo de Rectores de Chile, porque a su juicio representa la historia de la educación chilena. Esto, tras las últimas críticas por recortes al Aporte Fiscal Indirecto para cubrir la gratuidad en la educación.
Luego de que el Ministerio de Educación redujera en un 50% el Aporte Fiscal Indirecto para las universidades, con el fin de solventar la gratuidad en la educación superior, hubo cuestionamientos y calificativos desde universidades privadas, porque según dijeron esta semana, habría sido un traje a la medida para las universidades del Consejo de Rectores.
Al respecto, el rector de la Universidad Austral de Chile indicó que hay que cuidar el patrimonio de las universidades del Cruch por su aporte a la historia educacional chilena.
Acerca de lo determinado por el Ejecutivo y el Parlamento para las modificaciones al Aporte Fiscal Indirecto, Galindo dijo que este instrumento ha sido siempre cuestionado por el Cruch, que pedía su modificación, solicitando que estas modificaciones no afecten al funcionamiento y financiamiento de las universidades.
Acerca de lo determinado por el Ejecutivo y el Parlamento para las modificaciones al Aporte Fiscal Indirecto, Galindo dijo que este instrumento ha sido siempre cuestionado por el Cruch, que pedía su modificación, solicitando que estas modificaciones no afecten al funcionamiento y financiamiento de las universidades.
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Monday, November 23, 2015
Wednesday, November 11, 2015
UVENTUD PPD: “CONDENAMOS RECHAZO QUE HA ANUNCIADO DC” A GRATUIDAD
En declaración pública, señalaron que “tenemos que avanzar hacia la gratuidad universal, a partir de criterios mínimos para que el Estado no siga siendo cómplice del lucro y de la usura con el sueño de las familias más pobres del país”.
La Juventud PPD emitió una declaración para manifestar su preocupación por lo que ocurre con la glosa presupuestaria y los cuestionamientos que ha generado en algunos parlamentarios.
“Según lo anunció la Presidenta Bachelet, la glosa presupuestaria en discusión permitirá comenzar a implementar la gratuidad de manera previa al ingreso del proyecto de ley sobre educación superior. Es decir, corresponde a un anticipo de beneficios hoy inexistentes, razón por la cual resulta del todo reprochable la oposición a esta medida, que beneficiará a 220.000 familias a partir del próximo año”, sostuvieron.
Según señalaron, les genera “curiosidad que algunos parlamentarios cuestionen esta glosa por su esencia transformadora en cambiar el típico rol del Estado subsidiario hacia los mercaderes de la educación por un Estado verdaderamente docente que fortalece su presencia por medio de sus instituciones, pudiendo la sociedad controlar e incidir en el rol que estas ejercen, ambos elementos totalmente ausentes de los centros educacionales que ellos defienden”.
“Hablan de discriminación porque no se estaría considerando a todos los alumnos que estudian en CFT e IP, pero al mismo tiempo presionan para que los nuevos CFT del Estado (Institutos Tecnológicos) alarguen sin mayor justificación su puesta en marcha en 8 años; nos parece que el compromiso no está con los estudiantes sino que con los controladores de la educación técnica privada en nuestro país”, agregaron.
GRATUIDAD UNIVERSAL
En la declaración hicieron hincapié que “más preocupante nos parece que estos argumentos sean vertidos por parlamentarios de la Nueva Mayoría, que ganaron sus elecciones comprometiendo un programa de cambios, y hoy hablan sin mayores diferencias entre su discurso y el de la oposición. Nos preocupa y condenamos, en este sentido, el rechazo que ha anunciado la Democracia Cristiana a esta iniciativa”.
“El compromiso programático de nuestra coalición fue con una reforma integral a la educación superior, razón por la cual no podemos permitir que se busque financiar a instituciones privadas controladas por sociedades comerciales que retiran utilidades para el bolsillo de unos pocos, generan una relación de estudiante-cliente y son propulsoras de la educación como un “bien de consumo”.
Tenemos que avanzar hacia la gratuidad universal, a partir de criterios mínimos para que el Estado no siga siendo cómplice del lucro y de la usura con el sueño de las familias más pobres del país. La glosa presupuestaria garantiza avanzar en esta dirección, y el futuro proyecto de ley sobre educación superior es el espacio para plantear las dudas que hoy interesadamente se han planteado como argumentos para rechazarla.
No permitiremos que se use a los estudiantes de Chile como excusa para mantener el negocio de unos pocos”, completaron.
fuente://lanacion.cl
La Juventud PPD emitió una declaración para manifestar su preocupación por lo que ocurre con la glosa presupuestaria y los cuestionamientos que ha generado en algunos parlamentarios.
“Según lo anunció la Presidenta Bachelet, la glosa presupuestaria en discusión permitirá comenzar a implementar la gratuidad de manera previa al ingreso del proyecto de ley sobre educación superior. Es decir, corresponde a un anticipo de beneficios hoy inexistentes, razón por la cual resulta del todo reprochable la oposición a esta medida, que beneficiará a 220.000 familias a partir del próximo año”, sostuvieron.
Según señalaron, les genera “curiosidad que algunos parlamentarios cuestionen esta glosa por su esencia transformadora en cambiar el típico rol del Estado subsidiario hacia los mercaderes de la educación por un Estado verdaderamente docente que fortalece su presencia por medio de sus instituciones, pudiendo la sociedad controlar e incidir en el rol que estas ejercen, ambos elementos totalmente ausentes de los centros educacionales que ellos defienden”.
“Hablan de discriminación porque no se estaría considerando a todos los alumnos que estudian en CFT e IP, pero al mismo tiempo presionan para que los nuevos CFT del Estado (Institutos Tecnológicos) alarguen sin mayor justificación su puesta en marcha en 8 años; nos parece que el compromiso no está con los estudiantes sino que con los controladores de la educación técnica privada en nuestro país”, agregaron.
GRATUIDAD UNIVERSAL
En la declaración hicieron hincapié que “más preocupante nos parece que estos argumentos sean vertidos por parlamentarios de la Nueva Mayoría, que ganaron sus elecciones comprometiendo un programa de cambios, y hoy hablan sin mayores diferencias entre su discurso y el de la oposición. Nos preocupa y condenamos, en este sentido, el rechazo que ha anunciado la Democracia Cristiana a esta iniciativa”.
“El compromiso programático de nuestra coalición fue con una reforma integral a la educación superior, razón por la cual no podemos permitir que se busque financiar a instituciones privadas controladas por sociedades comerciales que retiran utilidades para el bolsillo de unos pocos, generan una relación de estudiante-cliente y son propulsoras de la educación como un “bien de consumo”.
Tenemos que avanzar hacia la gratuidad universal, a partir de criterios mínimos para que el Estado no siga siendo cómplice del lucro y de la usura con el sueño de las familias más pobres del país. La glosa presupuestaria garantiza avanzar en esta dirección, y el futuro proyecto de ley sobre educación superior es el espacio para plantear las dudas que hoy interesadamente se han planteado como argumentos para rechazarla.
No permitiremos que se use a los estudiantes de Chile como excusa para mantener el negocio de unos pocos”, completaron.
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Monday, November 9, 2015
Opinión de Educación 2020 sobre Presupuesto 2016
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos y eliminar el AFI son algunas de las propuestas de la Fundación.
A fines de septiembre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2016. El proyecto contempla un aumento del gasto público del 4,4% real y mantiene el foco de años anteriores, asignando mayores recursos para los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Salud, y Educación. En este último, los recursos corresponden a un aumento del 7,5% respecto del año 2015.
En el presupuesto de Educación si bien hay importantes esfuerzos en asignar recursos a las políticas centrales que se están impulsado (Ley de Inclusión y propuesta de gratuidad para la educación superior), se han realizado importantes reducciones en programas de todos los niveles educativos.
Si bien muchas de estas reducciones cuentan con una justificación, para Educación 2020 resulta altamente preocupante el nivel de atraso de las algunas iniciativas comprometidas, la disminución de recursos en programas importantes para la calidad en el nivel escolar y la mantención de aportes que profundizan lógicas segregadoras en la educación superior.
En educación parvularia, los recursos asignados a Fundación Integra y Junji registran una disminución. Esto obedecería al traspaso de recursos asociados a inversión en infraestructura cuya ejecución está atrasada, no comprometiendo los recursos destinados a la operación de ambas instituciones.
En educación escolar, manifestamos nuestra preocupación frente a la reducción presupuestaria en los programas de infraestructura, mejoramiento de la calidad y educación técnico profesional. Todas estas áreas son importantes para el desarrollo de las y los estudiantes del nivel escolar, por lo que claramente resulta una noticia negativa para el sistema que debe modificarse.
Asimismo, valorando los recursos que introduce la Ley de Inclusión, Educación 2020 hace presente la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento y apoyo a los docentes y equipos directivos en el marco de implementación de esta ley.
Para Educación 2020 resulta positivo que se haya priorizado recursos que son accesibles a toda la Educación Pública, en desmedro de aquellos fondos que se concursaron y entregaron por única vez (asociados a inversión en infraestructura para algunos establecimientos, como es el caso de los recursos especiales para los Liceos Bicentenarios.
Educación superior registra, sin lugar a dudas, el cambio más relevante con una asignación de 767MM USD para el Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016.
La asignación de estos recursos tiene aspectos positivos, como ser el primer paso hacia un cambio en la lógica de financiamiento de la educación superior, asociándola al cumplimiento de criterios como acreditación, ausencia de lucro, participación, regulación del crecimiento y regulación de aranceles. Dentro de los aspectos críticos consideramos el que se mantenga al CRUCH como criterio suficiente de elegibilidad (sin ocuparse de la calidad de las instituciones al interior de esta agrupación); que el beneficio sólo dure la extensión formal de la carrera (cuando actualmente la sobre duración promedio de las carreras supera el 35%); que la regulación de la matrícula sea sólo en base al año anterior; y por sobre todo, la posibilidad de que los aranceles regulados desfinancien a algunas instituciones, aumentando con ello la posibilidad de que dichas instituciones incrementen los aranceles de quienes no tienen el beneficio. Para Educación 2020 es urgente revisar y modificar estos puntos. Existe el riesgo de que un presupuesto transitorio genere problemas estructurales en el nivel.
Paralelamente, se mantiene el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos para las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con mejores resultados en la PSU, algo que va en contra de los principios de calidad e inclusión que el propio Estado ha definido como propios con la creación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). Por eso, desde Educación 2020 proponemos eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión en la Educación Superior.
Las principales propuestas de Educación 2020 son:
Mantener el gasto en el nivel parvulario, reasignando recursos de infraestructura a programas permanentes que apunten a la calidad.
Eliminar la reducción de recursos para los programas de Mejoramiento de la Calidad y Educación Técnico Profesional en el nivel escolar.
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos.
En la gratuidad en Educación Superior, cubrir un porcentaje extra en la duración de las carreras y limitar el crecimiento en la matrícula en base al promedio de los últimos 5 años.
Eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión.
fuente://educacion2020.cl
A fines de septiembre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2016. El proyecto contempla un aumento del gasto público del 4,4% real y mantiene el foco de años anteriores, asignando mayores recursos para los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Salud, y Educación. En este último, los recursos corresponden a un aumento del 7,5% respecto del año 2015.
En el presupuesto de Educación si bien hay importantes esfuerzos en asignar recursos a las políticas centrales que se están impulsado (Ley de Inclusión y propuesta de gratuidad para la educación superior), se han realizado importantes reducciones en programas de todos los niveles educativos.
Si bien muchas de estas reducciones cuentan con una justificación, para Educación 2020 resulta altamente preocupante el nivel de atraso de las algunas iniciativas comprometidas, la disminución de recursos en programas importantes para la calidad en el nivel escolar y la mantención de aportes que profundizan lógicas segregadoras en la educación superior.
En educación parvularia, los recursos asignados a Fundación Integra y Junji registran una disminución. Esto obedecería al traspaso de recursos asociados a inversión en infraestructura cuya ejecución está atrasada, no comprometiendo los recursos destinados a la operación de ambas instituciones.
En educación escolar, manifestamos nuestra preocupación frente a la reducción presupuestaria en los programas de infraestructura, mejoramiento de la calidad y educación técnico profesional. Todas estas áreas son importantes para el desarrollo de las y los estudiantes del nivel escolar, por lo que claramente resulta una noticia negativa para el sistema que debe modificarse.
Asimismo, valorando los recursos que introduce la Ley de Inclusión, Educación 2020 hace presente la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento y apoyo a los docentes y equipos directivos en el marco de implementación de esta ley.
Para Educación 2020 resulta positivo que se haya priorizado recursos que son accesibles a toda la Educación Pública, en desmedro de aquellos fondos que se concursaron y entregaron por única vez (asociados a inversión en infraestructura para algunos establecimientos, como es el caso de los recursos especiales para los Liceos Bicentenarios.
Educación superior registra, sin lugar a dudas, el cambio más relevante con una asignación de 767MM USD para el Financiamiento del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016.
La asignación de estos recursos tiene aspectos positivos, como ser el primer paso hacia un cambio en la lógica de financiamiento de la educación superior, asociándola al cumplimiento de criterios como acreditación, ausencia de lucro, participación, regulación del crecimiento y regulación de aranceles. Dentro de los aspectos críticos consideramos el que se mantenga al CRUCH como criterio suficiente de elegibilidad (sin ocuparse de la calidad de las instituciones al interior de esta agrupación); que el beneficio sólo dure la extensión formal de la carrera (cuando actualmente la sobre duración promedio de las carreras supera el 35%); que la regulación de la matrícula sea sólo en base al año anterior; y por sobre todo, la posibilidad de que los aranceles regulados desfinancien a algunas instituciones, aumentando con ello la posibilidad de que dichas instituciones incrementen los aranceles de quienes no tienen el beneficio. Para Educación 2020 es urgente revisar y modificar estos puntos. Existe el riesgo de que un presupuesto transitorio genere problemas estructurales en el nivel.
Paralelamente, se mantiene el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos para las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con mejores resultados en la PSU, algo que va en contra de los principios de calidad e inclusión que el propio Estado ha definido como propios con la creación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). Por eso, desde Educación 2020 proponemos eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión en la Educación Superior.
Las principales propuestas de Educación 2020 son:
Mantener el gasto en el nivel parvulario, reasignando recursos de infraestructura a programas permanentes que apunten a la calidad.
Eliminar la reducción de recursos para los programas de Mejoramiento de la Calidad y Educación Técnico Profesional en el nivel escolar.
Aumentar los recursos para el apoyo a docentes y equipos directivos en el trabajo con aulas y establecimientos inclusivos.
En la gratuidad en Educación Superior, cubrir un porcentaje extra en la duración de las carreras y limitar el crecimiento en la matrícula en base al promedio de los últimos 5 años.
Eliminar el AFI, reasignando estos recursos al PACE y a otras iniciativas que promuevan la inclusión.
fuente://educacion2020.cl
Monday, October 26, 2015
Rector Vivaldi: “El AFI no cumple un rol por mejorar la educación universitaria”
El rector de Universidad de Chile sostuvo que se debe mirar una modificación al sistema de financiamiento de la educación superior al mismo tiempo que se reestructure el sistema en su conjunto.
Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, manifestó estar de acuerdo en discutir un cambio al sistema de financiamiento a través del Aporte Fiscal Indirecto, el que dijo no va en el camino de entregar equidad para el ingreso de los estudiantes a la educación superior.
El rector indicó que el debate debe apuntar a un cambio de la estructura del financiamiento, pero también a la par de una modificación del sistema de educación superior que subsidia la demanda educativa.
“Cumple un rol que no tiene nada que ver con un esfuerzo por la equidad o por hacer mejor la educación universitaria, sino más bien responde a una filosofía que es muy cuestionable y que de hecho está en la base de lo que hoy día estamos cuestionando que es todo el concepto de subsidio a la demanda que, yo diría, es conceptualmente muy negativo”, dijo el académico.
El rector Ennio Vivaldi agregó que el debate se debe hacer además sin mirar los privilegios que se pierden al cambiar el sistema de financiamiento, sino buscando lo que es mejor para el país.
“Si alguien coloca sobre el tapete el tema del Aporte Fiscal Indirecto que es una conceptualización basada en una idea del financiamiento a la demanda y la quiere cambiar por algo que apunte a un financiamiento orientado a una mayor equidad, por ejemplo, me parece que a eso yo no me puedo oponer, aunque yo esté ganando con el estado actual. Porque eso es lo que ha matado a este país, que nadie quiere discutir algo cuando él es el favorecido. Yo creo que uno tiene que tener la altura para decir que estamos disponibles para conversar en el entendido que también necesitamos, como todas las universidades, tener un presupuesto adecuado”, subrayó el rector de la Universidad de Chile.
Desde el Consejo de Rectores, estudiantes y algunos parlamentarios han reclamado el cambio del AFI como fórmula de financiamiento para la educación superior, aunque también se exige una modificación al sistema mercantil en el que está sumida la educación chilena donde el Estado no puede seguir siendo una caja pagadora del sistema, en palabras del rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.
Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, manifestó estar de acuerdo en discutir un cambio al sistema de financiamiento a través del Aporte Fiscal Indirecto, el que dijo no va en el camino de entregar equidad para el ingreso de los estudiantes a la educación superior.
El rector indicó que el debate debe apuntar a un cambio de la estructura del financiamiento, pero también a la par de una modificación del sistema de educación superior que subsidia la demanda educativa.
“Cumple un rol que no tiene nada que ver con un esfuerzo por la equidad o por hacer mejor la educación universitaria, sino más bien responde a una filosofía que es muy cuestionable y que de hecho está en la base de lo que hoy día estamos cuestionando que es todo el concepto de subsidio a la demanda que, yo diría, es conceptualmente muy negativo”, dijo el académico.
El rector Ennio Vivaldi agregó que el debate se debe hacer además sin mirar los privilegios que se pierden al cambiar el sistema de financiamiento, sino buscando lo que es mejor para el país.
“Si alguien coloca sobre el tapete el tema del Aporte Fiscal Indirecto que es una conceptualización basada en una idea del financiamiento a la demanda y la quiere cambiar por algo que apunte a un financiamiento orientado a una mayor equidad, por ejemplo, me parece que a eso yo no me puedo oponer, aunque yo esté ganando con el estado actual. Porque eso es lo que ha matado a este país, que nadie quiere discutir algo cuando él es el favorecido. Yo creo que uno tiene que tener la altura para decir que estamos disponibles para conversar en el entendido que también necesitamos, como todas las universidades, tener un presupuesto adecuado”, subrayó el rector de la Universidad de Chile.
Desde el Consejo de Rectores, estudiantes y algunos parlamentarios han reclamado el cambio del AFI como fórmula de financiamiento para la educación superior, aunque también se exige una modificación al sistema mercantil en el que está sumida la educación chilena donde el Estado no puede seguir siendo una caja pagadora del sistema, en palabras del rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.
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