El engaño y la mentira de la PSU

¿Es la PSU un “sistema de admisión confiable y transparente”? Si solo se oyen las voces del Consejo de Rectores, pareciera que sí lo es. Según la autora de esta columna, no es más que autocomplacencia. Ella señala que ya antes de ponerse en marcha hace 13 años, los rectores reconocían serias deficiencias de la prueba como instrumento predictor del rendimiento universitario. También dice que la PSU es injusta: excluye a los más de 170 mil alumnos de establecimientos técnico-profesionales y mantiene los sesgos socieconómicos del sistema. La evaluación que hicieron los expertos de Pearson hace tres años da cuenta de los problemas. Aunque recomendaron cambios profundos, todavía no son implementados.

La semana pasada el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) se pronunció, una vez más, como defensor de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y se felicitaron a sí mismos por su “sistema de admisión confiable y transparente”. Sin ánimo de polemizar, como ex dirigente estudiantil, quisiera ser enfática al señalar que en Chile las últimas 13 generaciones han debido enfrentar una prueba de selección que no da el ancho ni en calidad ni en equidad. El informe de Pearson de la PSU del año 2013 dejó al descubierto sus falencias. También dejó al descubierto el engaño a la opinión pública por parte de los rectores y encargados de las pruebas con respecto a su calidad y equidad. Acá se aplica la famosa frase del presidente Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.

Los rectores saben que la PSU es un pobre predictor del rendimiento universitario y es intrínsecamente injusta para casi la mitad de los alumnos de menores recursos de nuestro país (ver reportaje de CIPER). Lo supieron antes de que esta prueba fuera implementada, como lo revelan actas del consejo de rectores del año 2000. La PSU fue una prueba diseñada para evaluar el currículum científico humanista, lo que dejó en una profunda desventaja a más de 170 mil alumnos que estudian en establecimientos de educación técnico profesional, el 41% de la matrícula (Mineduc, 2014). ¿Merece esta prueba los elogios expresados por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi? A todas luces, no. Asimismo, tampoco se queda atrás el sesgo socioeconómico de la evaluación, ni es claro que el sistema de acceso que hoy opera en Chile no presente además sesgos de género o pertenencia a pueblos indígenas.

Por las deficiencias de la PSU, el acceso a las instituciones de educación superior más prestigiosas –aquellas que participan del Sistema Único de Admisión– es hoy injusto y discriminatorio. Los expertos de Pearson que evaluaron la PSU hicieron hincapié en la necesidad de reformular las pruebas, de manera que se centraran en examinar los contenidos necesarios para predecir el éxito en el rendimiento universitario. Advirtieron también acerca del mal uso que se hacía de los puntajes de la PSU para asignar beneficios estudiantiles, como becas y créditos. Han pasado tres años desde que se conoció el informe de Pearson y las sugerencias contenidas en éste para transitar hacia una prueba que no favorezca de forma arbitraria a los postulantes de colegios particulares pagados, no se han implementado.

La urgencia del cambio es hoy día apremiante. A menos que se implementen las modificaciones medulares sugeridas por los expertos de Pearson, los fondos de todos los chilenos que el gobierno piensa destinar a la gratuidad no van a beneficiar a quienes más lo necesitan y merecen. En cambio, irán destinados a favorecer a algunas instituciones, cuyas autoridades tienen llegada en el mundo político.

Ante la discriminación injusta a la que han sido sometidos los alumnos de menores recursos, en especial los que asisten a la educación media técnica profesional, las palabras del rector Vivaldi resuenan con una nota de cruel ironía cuando afirma: “Hacemos un esfuerzo nacional porque el mérito, el esfuerzo y el talento, finalmente, sea lo único que hoy día entra a cada sala en que se va a rendir esta prueba, y eso como CRUCh nos gratifica”.

¿Cómo pueden los rectores hacer gala de tamaña autocomplacencia, cuando ellos saben que casi un millón de estudiantes chilenos fueron sometidos a ser evaluados por una prueba mal concebida, que examina contenidos irrelevantes que los más pobres nunca tuvieron la oportunidad de aprender durante su etapa escolar? Más que  gratificarse y felicitarse entre sí, debieran estar pensando en cómo corregir y reparar el daño infligido durante trece años de PSU.

Anhelo profundamente que esta reforma educacional comience por erradicar una de las mayores injusticias de nuestro modelo: el sistema de acceso.

fuente:// ciper.cl

Rector Valle: “Hay muchos interesados en que sigan las becas en educación superior”

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores es "evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior".


Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) de forma unánime declaró admisible analizar el recurso presentado por Chile Vamos en contra de la glosa de gratuidad. Ahora, la institución tendrá 10 días de plazo para tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad del mecanismo propuesto por el gobierno para alcanzar la gratuidad 2016 en educación superior.

El requerimiento presentado por 31 parlamentarios de Chile Vamos busca rechazar ésta vía de financiamiento, porque existiría una “discriminación arbitraria” por parte del Gobierno, en los criterios para liberar del pago de aranceles, también en los requisitos definidos para que las instituciones se sumen al mecanismo. Así, se busca eliminar la gratuidad desde el Presupuesto 2016, argumentando además que existió poco debate en el Congreso. La idea de los requirentes es que el pago de transfiera mediante fondos de becas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, horas antes de conocer el resultado del Tribunal, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, se refirió a la política gubernamental de financiar a través de una glosa presupuestaria el inicio de la implementación del derecho de gratuidad y al debate que en torno a esta figura se desarrolla en el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Aldo Valle indicó que el requerimiento presentado por los parlamentarios de derecha da cuenta de dos formas encontradas de ver el mundo que conviven en el Chile de postdictadura.

Además, el Rector señaló que en caso de que el requerimiento sea aprobado, es responsabilidad del Gobierno y sus parlamentarios encontrar el modo de implementar la gratuidad conforme a lo planteado.

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores, hay muchas voces interesadas en que continúe el sistema de becas, pues de ese modo es el mercado el único regulador del sistema de educación superior. “Es evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior”.

En relación al sentido de oportunidad de comenzar la ejecución del derecho de gratuidad a través de una glosa presupuestaria, Aldo Valle señaló que lo ideal hubiese sido que se hiciera mediante un proyecto de ley que estableciera las bases de lo que será la reforma a la educación superior.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que uno de los escenarios posibles en caso que se declare inconstitucional la medida es que los montos destinados a otorgar la gratuidad, se focalicen sólo en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que encendió las alarmas entre algunas universidades privadas que han manifestado querer ser parte de este beneficio.

Fue el caso del rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien dijo a La Segunda que de ser impugnada la gratuidad, “lo más serio sería suspender su entrega”, mientras que el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expresó que la incertidumbre que plantea este escenario complica que se pueda cumplir el plazo impuesto por el Gobierno a las instituciones que se van a acoger a la gratuidad, que es el 22 de diciembre.

Para Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), la posibilidad de que el Tribunal Constitucional rechace la glosa de gratuidad, podría convertirse, desde su punto de vista, en “un gran escenario para el Gobierno”, ya que tensionaría las relaciones con este “cuarto poder”, que a juicio de Sobarzo, es una institución que tuerce la voluntad democrática.

De hecho, para Sobarzo “el peor escenario” para el Ejecutivo sería que la gratuidad fuera visada por el TC: “El peor escenario es justamente que esto pase como si nada porque, en el fondo, el Gobierno se va a tener que ver obligado a tener que aplicar una muy mala gratuidad, como es la que tiene hoy día. Si esto pasa sin pena ni gloria, cuando la gratuidad realmente reviente que no va a resolver los problemas de fondo, el Gobierno va a tener que hacerse cargo, en cambio si revienta ahora lo bueno es que tensiona y obliga justamente, a llevar la pelea a la derecha, eso es lo más interesante del escenario”.

Asimismo, criticó que la gratuidad se haya otorgado a través de una glosa presupuestaria decidida por el Congreso, y no se haya construido a partir de un diálogo de carácter nacional y participativo.

Desde el Cruch manifestaron que se reunirán en el lapso de dos semanas para evaluar las posibilidades reales de las instituciones de plegarse al beneficio de la gratuidad, plazo que expira el próximo 22 de diciembre, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se pronuncie en contra, lo que obligaría al Congreso a tramitar una posible “ley corta” para implementar esta medida.

Ya el lunes, el TC había aceptado revisar el recurso, por lo que en la sesión de hoy se declaró admisible y se organizó el calendario de trabajo que define que el próximo miércoles recibirán a representantes de la sociedad civil para escuchar su opinión sobre la gratuidad y el mecanismo de entrega de los fondos. Así, los alegatos de las partes enfrentadas se realizarían el jueves 10 de diciembre.

La resolución final podría darse a conocer el 23 de diciembre, un día después que las universidades deban definir si se sumarán a la gratuidad propuesta por el gobierno, y menos de una semana antes que los estudiantes conozcan sus puntajes PSU y deban iniciar su proceso de postulación.

Desde el Gobierno insisten que se alcanzará la gratuidad para 2016. Ahora, después del fallo, evaluarán los caminos a seguir.

fuente://  radio.uchile.cl