El Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), que preside el rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi, dio a conocer este martes el documento "Revalorización del Sistema de Educación Superior Estatal en el marco de la Reforma propuesta por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet", donde sienta la posición de estos 16 planteles en el marco de la reforma a la educación superior.
En el documento, de 30 páginas, las autoridades académicas hacen hincapié en que “el Estado debe garantizar el derecho social a la educación superior, transformando a las instituciones que le pertenecen en referentes, para lo cual debe impulsar procesos de desarrollo de sus instituciones en procura de su excelencia y calidad, dotándolas de recursos suficientes y de condiciones óptimas para que puedan lograr este objetivo. Por medio de sus casas de estudio, el Estado debe fomentar la investigación científica y tecnológica, la innovación, la creación, la protección e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación”.
Los rectores remarcan que “para el Consorcio de Universidades del Estado todas las instituciones de educación superior públicas, deben contar con una oferta de formación de pregrado que garantice a través de la gratuidad, a un creciente número de estudiantes, el derecho social a una educación superior con calidad y pertinencia. En consecuencia, las Universidades del Estado de Chile, como eje vertebral del sistema público chileno no pueden sino adherir a esta política pública”.
GARANTÍAS NECESARIAS
El Cuech establece que “mientras no se conozca con exactitud la fórmula que propone el Gobierno para otorgar el financiamiento por concepto de gratuidad, las universidades estatales estarán disponibles para la Gratuidad en 2016, si se garantiza lo siguiente:
► Que ninguna Universidad Estatal pueda recibir menos recursos que los que hoy recibe, cualquiera sea el mecanismo que implemente la gratuidad.
►Que el financiamiento de las dos nuevas universidades estatales y los 15 centros de Formación Técnica sea independiente y adicional a lo que hoy se destina a las universidades estatales existentes.
► Garantizar que el arancel regulado no impactará negativamente los ingresos de las universidades estatales, y que cualquier disminución que pudiera ocurrir deben ser debidamente compensadas.
► La política de financiamiento debe considerar instrumentos que compensen gradualmente las inequidades entre instituciones, especialmente aquellas que tienen la condición de regionales (cabe señalar que para muestra de esta situación, 11 universidades estatales de un total de 16, se encuentran bajo el promedio de los recursos asignados por Aporte Fiscal Directo AFD en la relación a la matrícula de pregrado).
En conclusión, la reconstrucción de un sistema universitario público requiere generar modalidades de financiamiento propias y adecuadas en la futura ley de Educación Superior. Respondiendo a una política clara de recuperación de la educación superior pública chilena. Además, la ley de presupuesto 2016, debe dar una señal del cambio de paradigma desde el financiamiento a la demanda al financiamiento a la oferta, expresado en el fortalecimiento de los aportes basales de las universidades estatales, en especial, las que se encuentran en condiciones de desventaja histórica.
Quizás Chile sea el único país del mundo en que el Estado deba justificar y dar explicaciones por financiar el sistema público de universidades.
MEDIDAS DE CORTO PLAZO
Los rectores señalan que “para avanzar en los propósitos antes señalados, las universidades estatales consideran también necesario avanzar en las siguientes medidas de aplicación de corto plazo:
► Apoyo a la conformación de la red de universidades estatales. Considerando la experiencia contemporánea de trabajo en red de las universidades estales en diversos países, se hace necesario apoyar la creación de la red chilena de universidades estatales, para cuyos efectos presentaremos un proyecto concreto y un plan de desarrollo de esta iniciativa.
► Apoyo en infraestructura. La infraestructura de las universidades estatales aunque hasta ahora en general se financia con recursos propios, son del Estado. Sin embargo, el dueño de estas propiedades no aporta en la mantención y reparación de los mismos, incluso aquellos que son de conservación histórica. Por ello, se propone la creación de un fondo destinado a la conservación de la infraestructura universitaria estatal proporcional a la valorización de estos bienes, así como también la destinación de recursos de inversión en infraestructura para las universidades estatales regionales que presenten carencias en este ámbito.
► Contribución al financiamiento de las remuneraciones del personal de las universidades estatales. Los funcionarios académicos y no académicos de las universidades estatales son funcionarios públicos, sin embargo, en su financiación salarial no participa el Estado, sino que queda bajo la responsabilidad de los ingresos de las universidades a las que pertenecen. Esto incluye los reajustes anuales, y en este caso, estas universidades se han asimilado al índice de reajuste del sector público. Por otra parte, para fortalecer a las universidades estatales debería crearse un fondo que permita atraer y retener los mejores talentos, sistemas de dedicación exclusiva, extensión de jornada, sistemas de estímulos e igualdad de género, y estimular disciplinas necesarias pero de menor interés económico como humanidades, artes, ciencias sociales y pedagogías, entre otras.
► Propuesta de un programa permanente de incentivo al retiro. Es necesario, reconocer el trabajo de académicos y funcionarios que han cumplido sus tareas y se encuentran en edad de jubilar, renovando así también periódicamente los cuadros académicos. Por ello, un plan de incentivo al retiro no sólo es justo, sino que estimula el desarrollo de las instituciones, que en la actualidad se ven impedidas de hacerlo por las restricciones que en esta materia establece el estatuto administrativo. Hacemos presente el compromiso asumido por el Gobierno y el Parlamento de apoyar la aprobación de un proyecto ley de incentivo al retiro para académicos y profesionales, debido a que la ley promulgada en 2015, sólo favoreció al estamento no académico.
► Proyecto de expansión de la matrícula en el sistema de educación superior estatal. Las universidades estatales hoy representan un 15% del alumnado total de la educación superior, razón por la cual debe incentivarse el crecimiento de este sector para lograr una proporción de equilibrio respecto al sistema privado, concordantemente con las preferencias expresadas por los jóvenes en encuestas recientes. (Encuesta Mori)
► Políticas colaborativas con otras instituciones estatales, incluyendo campos clínicos de salud. Interacción de las universidades públicas con otras instituciones del Estado, por ejemplo los ministerios. Un caso paradigmático lo constituye la relación entre universidades estatales y hospitales públicos, que en virtud a políticas de autofinanciamiento del sector de la salud, se han restringido las prácticas profesionales de estudiantes de la salud pertenecientes a nuestras instituciones.
► Apoyo a proyectos de investigación en que participen mancomunadamente las universidades estatales. Promoción del trabajo conjunto de universidades públicas en áreas de interés nacional, tales como cambio climático, energía, medio ambiente, recursos hídricos, minería, pedagogía, telemedicina, entre muchos otros temas que requieren concentración de capacidades, equipamiento mayor, trabajo en red, atención permanente, y proyectos de largo plazo en especial, tratándose de áreas de alto interés regional y nacional.
► Plan especial para universidades estatales históricamente postergadas. Debe configurarse un plan especial orientado a aquellas universidades que han sido menos favorecidas por las políticas de Educación Superior, para así garantizar altos estándares de calidad para todo el sistema público.
Atracción de académicos e investigadores de alto nivel en regiones. Medidas activas para impulsar centros de excelencia y atraer académicos e investigadores y con formación especializada hacia universidades ubicadas en regiones. Esto incluye la captación de jóvenes doctores que retornan de los programas de especialización en universidades de reconocido prestigio (Becas Chile, por ejemplo)
Atracción de académicos e investigadores de alto nivel en regiones. Medidas activas para impulsar centros de excelencia y atraer académicos e investigadores y con formación especializada hacia universidades ubicadas en regiones. Esto incluye la captación de jóvenes doctores que retornan de los programas de especialización en universidades de reconocido prestigio (Becas Chile, por ejemplo)
► Compensación por sobrecarga administrativa. Debe compensarse el mayor costo que significa para las instituciones del Estado cumplir con las regulaciones que le son aplicables sólo a ellas y que encarecen su gestión, como las exigidas por el sistema de compras públicas, leyes de transparencia, lobby, entre otras.
"Las medidas reseñadas precedentemente permiten pensar en rescatar la educación pública a través de un sistema de instituciones de educación superior estatal fortalecida, más eficientes y eficaces en la realización de su misión y quehacer, más participativas y articuladas entre sí, cumpliendo sus labores de interés público con propiedad, pertinencia, calidad y equidad, contribuyendo así decididamente a la realización del bien común en los ámbitos que les son propios", remarcaron.
fuente: lanacion.cl
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