El rector de una de las más importantes universidades del país alza la voz. Y lo hace en medio de las movilizaciones estudiantiles y de un fuerte debate en torno a la propuesta de reforma de la Educación Superior presentada por el ministro de Educación, Joaquín Lavín.
Sergio Lavanchy Merino habla de los temas que son decisivos para la comunidad universitaria, como el financiamiento tanto a instituciones como a estudiantes a través de una política de Estado con visión a largo plazo. Pero los aportes estatales, advierte el rector, deben destinarse de manera preferencial a las universidades públicas, dentro del “nuevo trato” mencionado por el Presidente Sebastián Piñera. Ingeniero civil mecánico de profesión, Sergio Lavanchy es enfático: la educación terciaria del país está en un punto de inflexión y el Estado debe hacerse cargo del asunto en materia presupuestaria. Las palabras del rector son avaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
En 2001 usted concedió una entrevista en que defendía la necesidad de establecer una política de Estado para la educación superior. Diez años después estos mismos temas vuelven a la agenda pública.
¿Es un planteamiento todavía sin respuesta?
– Es un tema de larga data. Las políticas de financiamiento de las instituciones, de apoyo a los estudiantes, del rol de las universidades estatales y públicas, son temas que no están satisfactoriamente resueltos. Hoy el país exhibe con orgullo que 1 millón de estudiantes de entre 18 y 24 años está en la educación superior, sea en universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales. Esta cobertura se ha sustentado fundamentalmente con recursos de origen privado, es decir, con endeudamiento del estudiante y su familia. Esto porque en los distintos gobiernos se fue perpetuando un sistema de financiamiento basado fundamentalmente en el mercado, situación que en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), en muchas oportunidades, se les hizo presente a los distintos ministros de Educación. Sobre este aspecto es importante referirse al estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2009, en el que se afirma que “los aranceles son pagados en gran parte por estudiantes y sus familias en un 83,7% de todo el gasto en educación superior” de Chile.
En otra parte del informe se dice que, de acuerdo con normas internacionales, la educación superior en Chile es cara y una gran parte de los costos recae en los estudiantes y en sus familias. En resumen, el gasto público en la educación superior es notablemente bajo, incluyendo el financiamiento para a la investigación universitaria. El informe de la OCDE dice también que hay fuertes razones tanto de equidad como de calidad para aumentar los fondos públicos para la educación superior. Esto lo está diciendo la OCDE. Por lo tanto, hoy tenemos la culminación de una política que no se puede seguir sosteniendo. En mi opinión, es el momento de comenzar a revertir esto. Los aranceles son altos, las familias están endeudadas para mantener a sus hijos en la educación superior y hay poca contribución del Estado. Hay que revertir ese escenario prontamente.
Una política de Estado
¿Cuál es la posición del CRUCh frente a eso?
- El CRUCh, el día 30 de mayo, le planteó al ministro de Educación la necesidad de establecer una política de Estado perdurable en el tiempo que se haga cargo de los problemas que mencionaba anteriormente y para ello es necesario una decisión política que aporte muchos más recursos para la educación superior en sus distintos requerimientos, como ayudas estudiantiles, financiamiento de las instituciones, financiamiento a la investigación, y al posgrado. Si no hay más recursos significativos, todo lo demás serán medidas paliativas.
Dentro de la reforma al sistema de educación superior planteada por Lavín, ¿qué puntos destacaría usted como los de mayor relevancia?
– Hay que dividir el tema en dos grandes elementos. Uno es el financiamiento para los jóvenes y sus familias, porque como ya lo he dicho, el sistema debe ser reformulado, especialmente en lo que se refiere al crédito con aval del Estado, que tiene un tasa aproximada de 5,6%, mayor incluso que en los créditos hipotecarios de la banca. Por otro lado, es también necesario que se incremente el financiamiento de las instituciones públicas como las que integran al CRUCh. Esto, porque este grupo de universidades, además de lo esencialmente formativo, cumple con una responsabilidad social indiscutible a través de apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad social. Junto a ello, están las actividades de investigación, de formación de científicos, de creación y difusión cultural, aspectos que la Universidad de Concepción realiza desde hace ya 92 años.
En las materias más relevantes, ¿el Consejo de Rectores ha hecho propuestas concretas al ministro de Educación?
– Por supuesto, y el primer punto que analizamos con el ministro fue la institucionalidad, porque en su propuesta está la creación de una Subsecretaría de Educación Superior. Nos parece bien, pero creemos que es importante que exista una Superintendencia de Educación Superior del mismo modo que en otras actividades donde hay que ejercer control. Esta Superintendencia debería, entre otras cosas, tener poder de fiscalización y la facultad de sancionar. Otro punto importante es el nuevo trato con las universidades estatales, y existe acuerdo en el CRUCh que es necesario una ley que a este conjunto de universidades les permitan realizar una gestión sin que tengan trabas burocráticas y puedan de esta forma competir en igualdad de condiciones con las demás universidades. También se planteó que el Fondo de Revitalización contemple a todas las universidades del CRUCh. Se le hizo presente al ministro que su anuncio de entregar el Aporte Fiscal Indirecto a los jóvenes y no a las instituciones es una medida altamente regresiva por lo que se le ha insistido en la necesidad de entregar este aporte a las instituciones que, entre otras cosas, lo tienen integrado a su estructura presupuestaria. Es cierto que este aporte tiene una forma de distribución que no es esencialmente equitativa, ya que los 27.500 mejores puntajes en su mayoría corresponden a jóvenes que estudian en la Región Metropolitana y son los que provienen de colegios que pueden entregar una mejor formación, lo que hace que estos recursos lo reciban en mucho mayor proporción las universidades más selectivas. Es por esto que se está discutiendo la conveniencia de incorporar otros elementos que consideren, por ejemplo, aspectos de regionalidad, situación socioeconómica de los estudiantes o algún otro. Lo que no puede suceder es privar a las instituciones de este aporte basal.
¿Qué opina sobre el tema “lucro” en las universidades chilenas?
– En la reunión del 30 de mayo también le fue planteado al ministro lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas en materia de lucro en las universidades. Pese a que en la LOCE está definido que las universidades son entidades sin fines de lucro, está claro que la ley no ha sido respetada. Por ejemplo, están las inversiones que algunas instituciones internacionales han realizado al comprar universidades chilenas y donde la única explicación plausible es que estas inversiones tendrán algún retorno económico a estas empresas. Estos son temas que deben transparentarse y que se han evadido por mucho tiempo.
La UdeC no genera utilidades, pero tampoco se incluye entre las universidades estatales. ¿En qué categoría definimos a esta Universidad?
– La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado que se creó por iniciativa de la comunidad penquista hace más de 90 años. Y es importante señalar la composición de estudiantes: un 39,9% de ellos proviene de colegios municipalizados, un 47,8% de colegios subvencionados, y el 13% de colegios particulares. Esto refleja la responsabilidad pública de esta Universidad al atender a estudiantes de bajos recursos. Muchos de ellos componen la primera generación de su familia en estar en la educación superior. Es por eso que, sin ser universidad estatal, la Universidad de Concepción, por su función social, aporte a la comunidad, creación de bienes públicos, todo refrendado por sus 92 años de historia requiere tener por parte del Estado el mismo trato que una universidad estatal.
¿Cuál es el aporte del Estado a la Universidad de Concepción?
- Entre aporte fiscal directo e indirecto, que es el aporte basal que recibe nuestra universidad, llegamos a alrededor de 10% del total del presupuesto. En general las universidades también reciben aportes del Estado a través de proyectos concursables para investigación, como son los proyectos Fondecyt, Fondef, Mecesup, Convenios de Desempeño o fondos para promover la cultura.
¿Cómo evalúa las movilizaciones estudiantiles, y específicamente los acontecimientos de las últimas semanas?
– El jueves recién pasado, en reunión del Consejo Académico de la Universidad, con representantes de la Federación de Estudiantes, que tienen asiento en el Consejo, se hizo un análisis en profundidad del debate que hoy se ha instalado sobre la educación superior, y también del movimiento que sostienen los estudiantes a través del país. De este análisis se evidencia un consenso de que las demandas son legítimas y que existen planteamientos comunes respecto de la agenda en materia de educación. Y también hay acuerdo en que las legítimas demandas no pueden dar cabida a actos de violencia. Estos actos son rechazados transversalmente.
Selección de estudiantes
El Consejo de Rectores ha formulado una propuesta respecto de la Prueba de Selección Universitaria que ha generado polémica en algunas universidades. ¿Qué opina el rector de la UdeC sobre el asunto?
– Respecto de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) hay que tener presente que siempre habrá que tener un instrumento de alta calidad técnica para seleccionar a los estudiantes que ingresan a las universidades. El instrumento tiene que ser objetivo, transparente y no discriminatorio. El CRUCh está permanentemente abierto a la discusión respecto de este tema y en especial a la posibilidad de incorporar otros elementos al proceso de selección que consideren criterios de equidad. Por ejemplo, se podría considerar el ranking o lugar relativo que el alumno tiene en su curso.
El sistema de acreditación de las instituciones de educación superior también ha generado debate. ¿Es necesaria una reforma en el sistema?
– Hay amplio consenso de que el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior requiere de reformas. Es el momento de reestudiar varios aspectos que tienen que ver con esta ley, como por ejemplo, la composición del Consejo, la necesidad de alinear los informes de los pares externos con los años de acreditación que otorga este Consejo, establecer claramente las incompatibilidades entre miembros de este Consejo y asesorías a instituciones que se someten al proceso de acreditación, por sólo mencionar algunos de los elementos más críticos.
Fuente:
LaDiscusion.cl
