A través de la institucionalidad de la que nos hemos dotado en democracia, Chile tomó la decisión de desmunicipalizar la educación pública a través de un sistema nacional, cuyo foco sea resguardar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes del país.
En este contexto, es crucial rescatar la necesidad de velar por políticas de Estado en el sector, con perspectiva país y de largo plazo. En esto no hay atajos, seamos claros: no hay país que haya avanzado de modo sustantivo en la materia sin ponerse de acuerdo más allá de las diferencias legítimas que tengan los gobiernos de turno.
Es importante recordar que la evidencia respecto a la necesidad de desmunicipalizar es contundente. Gran parte de la crisis en que hoy se encuentra nuestra educación pública se debe a los problemas de gestión que tienen los municipios, los cuales en su mayoría carecen de los recursos y capacidades técnicas para garantizar el derecho a una educación de calidad. Esto ha generado profundas desigualdades, pues la calidad de las escuelas públicas depende de la riqueza de la comuna, la disponibilidad de equipos especializados en educación y la voluntad de los alcaldes de entregar más recursos. Ya lo planteaba la OCDE en su revisión de políticas educativas del 2004: la gran heterogeneidad de tamaños, recursos y capacidades de gestión entre municipios provoca desigualdades en la provisión de la educación pública.
Así, hubo acuerdo transversal en desmunicipalizar todas las escuelas públicas para darles una conducción pedagógica y administrativa profesionalizada y coherente, a través de un sistema único. Es posible que en algunas comunas las escuelas sigan teniendo buenos resultados por un tiempo, pero nadie asegura que con el siguiente alcalde eso permanezca y el sistema educativo requiere de estabilidad. Es por eso que se previó un plazo máximo en la ley, de modo de hacer una implementación gradual y definir un horizonte para la instalación total del sistema.
Tras esta decisión, ¿cuáles son las verdaderas razones para tener una buena educación pública? Más allá del hecho de que, en promedio, los países de la OCDE tienen más del 85% de cobertura pública, en nuestro caso, con el modelo de municipalización, se ha ido gestando un peligroso proceso de segregación social, ideológica y religiosa. Es imprescindible mantener, a lo largo del territorio, una oferta pública, laica y disponible para todas las familias. Esto es crucial pues la educación pública establece la definición de calidad que orienta el sistema educativo de un país, promoviendo -más allá de nuestras diferencias- la formación de personas integrales y ciudadanos críticos, autónomos y participativos. Asimismo, la educación pública se orienta a la búsqueda de objetivos sociales y bienes compartidos, es decir, a la construcción del bien común, lo que tiene implicancias fundamentales tanto en las dimensiones político-culturales como en las económicas y sociales del país.
Implementar esta ley es probablemente el proceso de cambio más complejo que ha vivido el Estado de Chile en los últimos 20 años. Sabemos que lograr una educación pública de calidad no ocurrirá con la sola aprobación de la ley, sino que es un proceso largo que se sostiene en las creencias y competencias de las comunidades. Cuestionar el espíritu del sistema aprobado abre espacios de incertidumbre que lo impactan negativamente, generando inseguridad en miles de personas involucradas -entre ellas docentes, estudiantes y familias- que requerirán de confianza y apoyo en esta transformación. Esta es una tarea país, por lo tanto resulta urgente aunar esfuerzos de todos los actores para llevar a cabo los acuerdos que el país ya definió, fundados en el propósito moral que impulsa la necesidad urgente de una educación pública de calidad.
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