Proyecto que debía ingresar al Congreso esta semana, se aplazó hasta el 5 de octubre a la espera del visto bueno de Hacienda. En la transición, el Estado ofrecerá un bono de incentivo al retiro de un máximo de $ 14 millones para funcionarios municipales.
Para el 5 de octubre se aplazó el ingreso del proyecto de Nueva Educación Pública al Congreso, el que traspasará la administración de los colegios desde los municipios a los futuros servicios locales de educación. “Hay ciertos contenidos que se han ido agregando al proyecto y que la Dirección de Presupuesto tiene que terminar de visar”, explicó el alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gonzalo Navarrete.
Sin embargo, desde la Nueva Mayoría señalan que la postergación del proyecto responde a la necesidad de concordar ciertos aspectos que pueden estar generando diferencias al interior de la coalición oficialista.
El proyecto, que debería entrar en régimen en 2018, crea la Dirección de Educación Pública, la que estará al mando de 67 Servicios Locales de Educación (SLE). La ministra de Educación, Adriana Delpiano, había señalado anteriormente que serán cuatro SLE los que comenzarán a funcionar como piloto al primer año de entrada en vigencia de la ley. Uno de ellos funcionará en una zona rural, otro en una urbana, un tercero funcionaría en un territorio complejo (como La Araucanía, por ejemplo) y un cuarto agruparía a toda una región, de menor tamaño.
A esto se le agrega que, según un documento borrador del Mineduc al que tuvo acceso La Tercera, serían 20 las comunas que ingresarían a esos cuatro servicios. “La instalación de los nuevos SLE debe considerar, en prioridad, aquellos territorios donde objetivamente sea posible apreciar que el derecho de una educación pública de calidad se encuentra en riesgo o muy fragilizado”, remarca el documento.
Así, al año siguiente no se sumarían más organismos de este tipo, pero al subsiguiente entrarían otras 38 comunas al nuevo régimen, las que conformarán nueve SLE (ver infografía). El proceso de transición se extenderá por seis años, al cabo del cual se sumarán las últimas 113 comunas, para completar el total nacional.
“Esta organización crea un sistema de calidad, que fue una de nuestras peticiones. Este proyecto de ley no puede ser sólo un cambio de sostenedor, tiene que cambiar la mirada sistémica”, remarcó Navarrete.
En esa línea, explica el edil, se tomó la decisión de otorgarle poder resolutivo a los consejos escolares en dos áreas: actividades extracurriculares y reglamento interno. “Cuando se tienen comunidades más involucradas se logran mejores resultados de aprendizaje”, remarcó Navarrete.
Presupuesto
El proyecto plantea que cerca de un 70% de los trabajadores que se desempeñan como asistentes de la educación y de las actuales corporaciones y direcciones de educación municipal será traspasado a los Servicios Locales de Educación mediante un concurso interno. Además, se diseñará un mecanismo de incentivo al retiro que será voluntario y funcionará hasta el 2022. “El incentivo considera un tope de 560 UF por 35 años de servicio, más un mes por año de carrera con un máximo de 11 meses”, destaca el texto del borrador, lo que equivale a poco más de $ 14 millones.
“A nosotros nos preocupa que se respete las condiciones de trabajo y la antigüedad de muchos trabajadores de las corporaciones y asistentes de la educación, que no se repitan los errores y se vaya a generar una deuda histórica dos”, dice Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.
El dirigente enfatizó además que otra de las preocupaciones del gremio es que el proyecto no crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. “Hay que entender que aquí se requiere un cambio del sistema de financiamiento, hoy enfocado a subsidiar la asistencia, y que tanto daño ha causado a la educación pública. Si eso no se cambia, difícil será rescatar a los colegios de los problemas en los que están sumergidos”, agregó Gajardo.
Por este punto, desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) anuncian una movilización para el 6 de octubre.
En tanto, Cristián Bellei, académico del Centro de Investigación Avanzada de la U. de Chile y quien además ha asesorado al Mineduc en materia de Nueva Educación Pública, explica las complejidades del tema. “Desde el gobierno anterior se sabe que se requiere hacer un estudio técnico, porque la subvención tiene problemas importantes, ya que afecta al conjunto del sistema, no sólo a la educación pública (...) Sería importante que el gobierno haga este cambio, no creo que sea imprescindible en este proyecto, pero sí debe estar en la reforma educacional”.
fuente://latercera.com
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