SANTIAGO, Chile.- Lo anunció hace dos años cuando era candidata presidencial y lo reiteró en diciembre pasado, cuando su popularidad comenzó a caer por un barranco sin fin: Chile tendrá educación superior gratuita a partir de marzo de 2016.
Pero Michelle Bachelet no contaba con tres eventos que hacen peligrar su proyecto estrella: el Nueragate, que, a comienzos de año, llevó la corrupción hasta la familia presidencial; el frenazo en la economía, y los continuos errores de diseño y de aplicación que tuvo la nueva ley.
Lo primero era un escándalo imprevisible y ocurrió en febrero. Nadie pensó que el hijo de la presidenta iba a estar involucrado en el caso que más daño causó al gobierno. "El caso Caval [también lo llaman así] cruza todo. El perjuicio sigue creciendo, ahora todo puede convertirse en crisis; la desconfianza se instaló en la ciudadanía, se expandió hacia todos los sectores políticos; lo percibís en la incomodidad de los líderes sociales y dirigentes de partidos", comentaron en el círculo de Bachelet.
El estancamiento económico, si bien tampoco era predecible, vino acompañado de un mal cálculo en las finanzas fiscales del equipo del ex ministro Alberto Arenas. El nuevo jefe de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que con la baja en el precio del cobre, producto que sostiene la billetera del fisco, "vamos a tener que pedir prestado al resto del mundo algo de recursos". La tranquilidad es que Chile tiene ahorros y acceso a los mercados. "Estamos preparados", afirmó Valdés, pero al ritmo que se deprecia el metal no hay certezas de que el gasto público de 2016 esté asegurado.
Lo que se ha vuelto un dolor de cabeza es el tercer factor, la reforma misma y los errores que el propio gobierno admitió. Primero: no todas las universidades podrán recibir recursos del Estado para convertirse en gratuitas. Segundo: las condiciones para la gratuidad cambiaron al menos dos veces y no está claro si favorecerá al 50% o al 60% de los alumnos más vulnerables de las entidades con derecho a entrar en el sistema. Un error grande fue haber dejado fuera, en el primer anuncio, a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, donde efectivamente llegan los más pobres. Eso se corrigió. Tercero: en lugar de presentarlo el mes pasado, se aplazó el ingreso del proyecto al Congreso para diciembre.
Bachelet insistió entre sus ministros en que la gratuidad debe comenzar el año próximo y para eso pidió asegurar su financiamiento en la ley de Presupuesto, que comienza a discutirse en los próximos días en el Congreso. Según reveló la revista Qué Pasa, ninguno de los dos ministros de Educación que revisaron la reforma estuvieron de acuerdo con apresurarla, pero en el Segundo Piso de La Moneda, unidad que asesora estratégicamente a la mandataria, calculan que "éste puede ser el camino más próximo para que Michelle Bachelet reconquiste el esquivo apoyo de la ciudadanía".
IEMPO EXTRA
Valentina Saavedra, vocera del movimiento estudiantil, explicó que al conocer el aplazamiento de la reforma "planteamos que nos parecía bien, porque está en condiciones muy precarias, pero creímos que ese tiempo extra debía utilizarse para discutir con los actores sociales los cambios en educación superior. Ahora nos enteramos que era para otra cosa".
Saavedra se refería al Consejo Consultivo que el gobierno creó el mismo día que ella lideró a 80.000 universitarios en una nueva marcha por la educación, hace dos semanas. La comisión es similar a la que Bachelet puso en marcha en 2006, durante su primer mandato, para dar salida a la revolución de los escolares. Ahora son 12 expertos, como 12 apóstoles, para rescatar el proyecto de ley.
Los rectores y la oposición valoraron que haya más tiempo para discutirlo, pero Valentina está preocupada, pues piensa que el Consejo podría terminar "reemplazando las instancias de consulta y diálogo con los ciudadanos".
Bachelet creó la comisión en un momento crítico, cuando su nivel de popularidad alcanzó un nuevo piso de 22%, porque viene la discusión de otras tres leyes potentes (aborto, reforma laboral y presupuesto), ninguna tan importante para ella como la de educación superior, que corre el peligro de diluirse y quedar dividida en varios proyectos más pequeños.
El único punto a favor del gobierno es que los chilenos evalúan mejor la gestión en educación. Sergio Bitar, ex ministro del ramo y ahora miembro del Consejo que creó Bachelet, reconoce que la reforma "no se ha manejado bien" y que ha creado expectativas desmesuradas. "Uno piensa en el futuro y ojalá lleguemos algún día a la gratuidad universal, pero no podemos hacerlo de inmediato. De aquí a 2018 hay que ver a cuántos jóvenes y hasta dónde podemos llegar".
fuente: lanacion.com.ar//
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