Monday, November 2, 2015

Municipios suman deuda por $ 250 mil millones en educación

Son 187 las municipalidades que figuran con deuda a proveedores, mientras que otras 50 tienen mora en pago de montos provisionales.

Más de $ 250 mil millones es la deuda asociada a educación que tenían los 345 municipios el año pasado, según un documento de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) al que tuvo acceso La Tercera. En esa línea, 187 adeudaban $ 25 mil millones a proveedores y 50 mantenían morosidad en el pago de montos de tipo previsional, por $45 mil millones (ver infografía).

Los alcaldes remarcan que es necesario sanear el déficit financiero de los municipios para que funcione la nueva educación pública, cuyo proyecto será firmado hoy por la Presidenta Michelle Bachelet, para que ingrese al Congreso. La iniciativa creará 67 servicios locales de educación que administrarán las escuelas y liceos. “Si la educación no está sana financieramente, de partida el nuevo sistema va a ser malo, va a arrastrar los problemas de hoy”, asegura Julio Palestro, alcalde de San Miguel. “Vamos a llegar ya a la transición mal, y tendremos que cerrar colegios”, advierte Christian Vittori, edil de Maipú. 

Palestro remarca que desde 2014, bajo su administración, no se han generado deudas, pero que ha tenido que subsanar el polémico déficit previsional histórico. Así, con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) 2014, San Miguel destinó $ 106 millones a “finalizar la deuda de arrastre del personal vigente” de educación. Así, gastó el 33% del Faep.

El alcalde de San Miguel apunta a que hay un problema estructural en el sistema y remarca que cada año el municipio entrega $ 1.200 millones para educación. En Puente Alto dicen lo mismo. “Para hacer funcionar los programas de los 27 colegios, entregamos $ 4.000 millones anuales. No se trata sólo de colocar una nueva administración, sino también de poner los recursos necesarios para que funcione y mejor. Hay una brecha inmensa de gasto que ojalá el  gobierno se decida a poder superar”, remarca Germán Codina, alcalde de la comuna.

En 2008 los municipios recibieron US$ 2.100 millones por servicio educativo y en 2014 creció a casi US$ 3.200 millones. En tanto, para el fortalecimiento de la educación, este año se programó dar $ 293.000 millones, que crecerán a $356.000 millones en 2016.

Raciel Medina, coordinador de Educación de la AChM,  dice que “los fondos se han incrementado significativamente, pero los recursos de la subvención regular, que es la que paga el costo del servicio, como luz y agua, ha disminuido por la caída de la matrícula, ya que se paga por asistencia”. El 60% de los ingresos de educación provienen de la subvención regular. En 2008 representaba un 70%. “Con el resto de los fondos tienes un destino específico y no puedes pagar agua, luz ni gastos así”, dice.

Así, la subvención regular por asistencia sería una causa estructural del déficit que se genera en el sistema de educación municipal. Y a eso se suma la gestión. “El 39% de los municipios carece de personal técnico pedagógico, porque la capacidad técnica se quedó en el ministerio con la municipalización y las comunas tuvieron que hacerse cargo de muchas obligaciones”, expone Carlos Eugenio Beca, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (Cide) de la U.Alberto Hurtado.

Distintos sectores afirman que el nuevo sistema de educación pública requiere un cambio de financiamiento. “El déficit estructural es de larga data porque nunca ha habido 100% de asistencia. Ahora tampoco lo hay. Siempre se habló de la necesidad de un nuevo sistema de financiamiento que sea capaz de financiar calidad y no sea por asistencia”, subraya Vittori.  

Pero desde la UDI opinan distinto. “El problema de la asistencia tiene que ser corregido, pero tiene una condición positiva: hace que los municipios se preocupen de que los alumnos lleguen a clases. Debe haber una fórmula proporcional de financiamiento que considere asistencia y un componente más fijo”, dice el diputado José Antonio Kast (UDI). 

La postura inicial del Ministerio de Educación era no modificar la subvención regular en este proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que el gobierno se habría abierto a cambiarla e incluir una fórmula que considere tanto la asistencia como la matrícula. No se incluiría directamente en el proyecto que ingresará al Congreso, pero podría sumarse en el camino o entrar aparte.

Cuestionamiento al gasto

La información del Mineduc es que un 13% del Faep se ha empleado en saneamiento financiero, un 23% en infraestructura y un 34% en administración y normalización de los establecimientos. Sin embargo, hay cuestionamientos a su uso. 

“Hay muchos elementos que exigen una evaluación de esos aportes. En muchos casos, lo hemos planteado en la comisión, el Faep está sirviendo para financiar la deuda previsional y  cosas administrativas y no para mejorar directamente la calidad”, asegura el diputado Rodrigo González (PPD), quien agrega que “no es que haya que terminar el Faep, hay que fortalecerlo”.

Kast, añade que “todos los fondos pueden ser mejor regulados y fiscalizados, no es un problema de los recursos mismos, sino de cómo se fiscaliza su uso”.

Desde el ministerio señalan que para mejorar la gestión de los recursos, desde principios de este año se comenzaron a conformar comités para construir los convenios de desempeño para la entrega de los fondos de apoyo. “A medida que los municipios avanzan en la ejecución de las iniciativas comprometidas, se les transfieren los recursos, en tres cuotas”, explica Vivien Villagrán, jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Mineduc, quien agrega: “Los municipios y corporaciones deben rendir periódicamente los recursos transferidos por el Mineduc. Estas rendiciones son revisadas y aprobadas por las Seremis y no sólo se refieren a rendir el gasto, sino a verificar las acciones ejecutadas”.

fuente://latercera.com

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