Lucas Márquez tiene 9 años, es oxigenodependiente y nunca ha ido al colegio. No lo han recibido, porque los establecimientos educacionales a los que puede acceder (su familia no tiene buena situación económica) no cuentan con la infraestructura y docentes preparados para asistirlo. El no haber podido insertarse en el sistema le ha generado un retroceso cognitivo.
Este menor es un ejemplo de la discriminación que sufren algunos escolares discapacitados, pone el acento Matías Poblete, (en la foto a la derecha) presidente de la Fundación Nacional para la Accesabilidad, Diseño Universal e Inclusión Social (Funaduis).
El dirigente, que es educador diferencial y no vidente, llegó este lunes, acompañado de una veintena de representantes del organismo, hasta la oficina de partes de La Moneda para dejar una carta, dirigida a la Presidenta Bachelet, en la que se subraya la necesidad de corregir la Ley de Inclusión Escolar, que comenzó a regir el 1 de marzo pasado.
“El nombre le queda muy grande” a la normativa, remarca Poblete.
Según destaca, la ley “desconoce a la población infanto juvenil en etapa escolar que vive en situación de discapacidad y deja fuera la implementación del diseño universal de aprendizaje, modalidad impulsada por el mismo Mineduc”.
Matías Poblete explica que tras evaluar la iniciativa comprobaron que esta “no es inclusiva puesto que no aborda las necesidades educacionales especiales”.
Por ello solicitan con urgencia -añade- que se "corrija" la legislación y que se incorporen “mecanismos para que los niños discapacitados puedan acceder y, lo más importante, permanecer en el sistema educativo desde la enseñanza preescolar hasta la educación media”.
Las cifras dan cuenta que hay más de 300 mil escolares con discapacidad en el sistema escolar.
“Y hay muchos más fuera de él”, apunta Poblete.
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