El número de estudiantes chilenos que solicita créditos bancarios para costear sus carreras universitarias subió un 45 por ciento durante el último año.
Los números oficiales indican que la cifra pasó de 60 mil 996 alumnos en 2011 a 88 mil 199 en 2012, el 10 por ciento de la matrícula total en educación superior.
Además, a pesar de la intención del gobierno de Sebastián Piñera de que el Estado reemplace a los bancos en el financimiento universitario, el porcentaje de alumnos que optó por el Crédito con Aval del Estado(CAE) aumentó solo un 33 por ciento entre 2011 y 2012.
Por otro lado, se estima que la deuda de los estudiantes alcanza los 364 mil 627 millones de dólares. En tanto que en pregrado la cifra tuvo un alza del 65 por ciento ya que en 2011 era de 196 mil 282 millones y en 2012 alcanzó los 324 mil 035 millones.
Esta situación es uno de las principales causas que motivan las marchas estudiantiles a favor de la educación pública y en contra del lucro privado que genera el financiamiento de los universitarios y la privatización de una buena parte de la escuela primaria y secundaria.
Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera propone mejorar la enseñanza y ampliar la cobertura preescolar mediante una reforma tributaria que aumente la recaudación de 700 a 1000 millones de dólares, un 0,3 por ciento del PIB que se sumará al 2,17 destinado para el área.
Los estudiantes rechazan la reforma aprobada por el congreso trasandino y exigen que la educación sea considerada como pública y gratuita, y que el Estado se haga cargo de garantizar ese derecho.
Este pedido choca contra la actual constitución chilena, sancionada durante la última dictadura militar gobernada por el general Augusto Pinochet, que sostiene que ese derecho recae en los “padres, madres o apoderados” ya que tienen el deber de educar.
Acorde con este principio es que Pinochet eliminó la gratuidad en los estudios terciarios y promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que convirtió al Estado en un mero regulador y delegó la enseñanza al sector privado.
En la actualidad, solo el nivel básico es gratuito y el 22 por ciento de su financiamiento proviene de las familias, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que en la educación universitaria, el gran foco de protestas, la inversión privada es del 85 por ciento y el 70 por ciento de los alumnos recurre a un crédito para costear sus estudios.
Además para la OCDE, la educación chilena es la segunda más cara y más desigualdad del mundo. Se estima que el Estado invierte 2 mil 500 dólares pér capita en la enseñanza básica y media, una cifra que representa entre 37 y 28 por ciento de lo que los países de la organización destinan al área.
Fuente://www.rnv.gov.ve
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