Mandataria remarcó que la entrada en vigencia de la iniciativa “es una gran noticia para nuestro desarrollo”. Ministra Delpiano añadió que la idea “es formar técnicos en aquellas materias y necesidades del desarrollo del país que sean muy de punta, que exigen un cierto estándar de calidad de los CFT". Los planteles se implementarán gradualmente en grupos de cinco.
La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este lunes la ley que establece la creación de 15 Centros de Formación Técnica (CFT) estatales en el país. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2014 y fue aprobada en mayo de 2015.
En una ceremonia en La Moneda, donde participó también la ministra Adriana Delpiano, la Mandataria indicó que "con la creación de los CFT estamos cumpliendo con la tónica de este Gobierno que es cumplir con la ciudadanía".
"Es una gran noticia para nuestro desarrollo”, remarcó.
Y añadió que "con esta ley empezamos a pagar una deuda y asumiendo el desafío de llevar la educación técnica a todo Chile (…) forjando un verdadero sistema de educación técnica para el país".
ESTÁNDAR DE CALIDAD
La ministra Delpiano explicó que la idea “es formar técnicos en aquellas materias y necesidades del desarrollo del país que sean muy de punta, que exigen un cierto estándar de calidad de los CFT. Y ello es lo que se hará con estos 15 centros, en algunas regiones con apoyo de las universidades regionales, es probable que un centro tenga dos sedes como es el caso de la Araucanía (…)”.
"El país da una señal potente de que tiene educación pública en todos los niveles. Estamos dando un paso en la equidad, en la calidad de la educación, en el fortalecimiento de la educación pública y eso nos tiene muy contentos", recalcó la secretaria de Estado.
El objetivo de esta ley es generar una oferta pública para la formación de técnicos de alta calificación, que represente una opción de valor en los territorios en los cuales se emplazará.
Los CFT tendrán su foco en la generación de una oferta formativa pertinente y de calidad, vinculada con el entorno productivo y que contribuya a valorar el rol de los técnicos en nuestro país. Esto significa contar con la capacidad de responder a las necesidades de desarrollo económico-productivo de la región y a los requerimientos reales de empleo en el corto y mediano plazo, facilitando la inserción efectiva de los estudiantes al mundo del trabajo.
En la actualidad solo existen alternativas privadas para la Formación Técnico Profesional en Chile. En este contexto, el 35% de los CFT y el 43% de los IP están acreditados. En tanto, el 45% del total de alumnos que cursa la Educación Superior (pregrado) está matriculado en instituciones Técnico Profesionales.
IMPLEMENTACIÓN GRADUAL EN REGIONES
La oferta de los 15 planteles será gratuita y de calidad, sometiéndose obligatoriamente a las exigencias de acreditación. Se encontrará vinculada a la universidad regional de cada región, a empresas y a liceos técnico-profesionales. Se estima una inversión inicial de MM$114.000.- a nivel nacional.
El diseño de las instituciones contempla incorporar en su gobernanza al sector productivo, empresas y trabajadores, a fin de asegurar que se incorporen sus necesidades de desarrollo de personas. Asimismo, sus diseños formativos contemplarán certificaciones intermedias, reconocimientos de aprendizajes previos y sistemas de apoyo orientados a la retención de sus alumnos, en la perspectiva de promover el aprendizaje a lo largo de la vida.
Los CFT se implementarán gradualmente en grupos de cinco. El trabajo parte con la constitución de mesas de coordinación intersectorial tripartitas en cada región, presididas por los respectivos Intendentes Regionales.
Los del primer grupo se implementarán entre el 2016 y 2017 en Araucanía (Lautaro), Maule (Linares), Tarapacá (Alto Hospicio), Los Lagos (Llanquihue) y Coquimbo (Ovalle).
fuente://lanacion.cl
Tuesday, March 22, 2016
Friday, March 18, 2016
Una escuela llamada Chile
La inauguración de la escuela República de Chile en Puerto Príncipe, la semana pasada, es la culminación de una inédita alianza multisectorial público-privada. Fue un proceso que nos transformó a todos, y un modelo de acción que está formando a una nueva generación de ciudadanos globales.
El pasado 10 de marzo vivimos una emocionante ceremonia en Puerto Príncipe (Haití), donde hicimos una simbólica entrega de la Escuela República de Chile a casi 600 niñas entre 3 y 17 años. Es una profunda alegría que luego de tres años de trabajo se concrete un sueño que al inicio parecía inalcanzable. Esperamos en mayo tener la ceremonia de inauguración con la totalidad de las alumnas, las autoridades y quienes hicimos posible la realización de esta obra.
Tras el terremoto de enero de 2010, la Escuela República de Chile en Haití quedó en ruinas, como otras cerca de 5.000 en el resto de ese país. Las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que siguieron estudiando las alumnas fue un llamado urgente que movilizó a varias instituciones a conformar una inédita alianza multisectorial en la cooperación internacional chilena.
El gobierno de Chile y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Embajada de Chile y el Ministerio de Educación de Haití, la empresa Komatsu Cummins y América Solidaria, asumimos el desafío al que luego se sumó la Pontificia Universidad Católica como asesor técnico por medio de la Escuela de Construcción y su Facultad de Educación. Este proyecto de reconstrucción es tan urgente y humano que 17 colegios de Chile realizaron campañas organizadas por sus alumnos, y grupos familiares y otras tres empresas se sumaron. Asimismo, el BID aportó el equipamiento, y Habiterra, el diseño, y muchos otros de manera anónima adhirieron a este proyecto.
Integrar y articular distintas miradas no es fácil en un proyecto internacional e intersectorial. Políticas internas, negociaciones con la constructora y diferencias culturales e idiomáticas nos desafiaron constantemente. Sin embargo, persistió el sentido de logro y la aspiración a garantizar la dignidad de las niñas, su educación y calidad de vida.
Este es un proyecto que se ha destacado por la co-gestión, partiendo por un rico proceso participativo de la comunidad escolar para el diseño del edificio y siguiendo por un modelo de gobernanza que ha garantizado un trabajo horizontal en la toma de decisiones, promoviendo la responsabilidad común, la sinergia y la transferencia de aprendizajes entre los distintos actores.
El espíritu detrás de esto es la búsqueda de la justicia y del bien común. Nos mueve el sentido solidario, el potencial transformador de las iniciativas desarrolladas de manera colectiva, sin excluir a actores relevantes de la sociedad. Los resultados son contundentes, tanto así que la experiencia ha sido destacada en foros internacionales por su efectividad, constatando la importancia de las alianzas público-privada-sociales que hoy las Naciones Unidas promueven como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados para 2030. Este trabajo nos asegura que la incorporación de nuevos actores a la cooperación internacional es fundamental. Nuevos roles y relaciones que permitan renovar los caminos hacia la justicia social, incorporando estas alianzas en el quehacer empresarial y gubernamental en pro del desarrollo humano. Los frutos de estas alianzas son bidireccionales, aportan al territorio donde realizan la acción e impactan en nuestro país al obligarnos a colaborar por un bien mayor.
Este proceso nos transformó a todos. Nos enseñó que juntos podemos construir un mejor futuro. Decenas de voluntarios que participaron en la reconstrucción ya nos muestran una nueva generación de ciudadanos globales, trasformadores, justos y sensibles con el dolor ajeno. Todos ganamos.
Fuente:// revistaquépasa.cl
El pasado 10 de marzo vivimos una emocionante ceremonia en Puerto Príncipe (Haití), donde hicimos una simbólica entrega de la Escuela República de Chile a casi 600 niñas entre 3 y 17 años. Es una profunda alegría que luego de tres años de trabajo se concrete un sueño que al inicio parecía inalcanzable. Esperamos en mayo tener la ceremonia de inauguración con la totalidad de las alumnas, las autoridades y quienes hicimos posible la realización de esta obra.
Tras el terremoto de enero de 2010, la Escuela República de Chile en Haití quedó en ruinas, como otras cerca de 5.000 en el resto de ese país. Las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que siguieron estudiando las alumnas fue un llamado urgente que movilizó a varias instituciones a conformar una inédita alianza multisectorial en la cooperación internacional chilena.
El gobierno de Chile y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Embajada de Chile y el Ministerio de Educación de Haití, la empresa Komatsu Cummins y América Solidaria, asumimos el desafío al que luego se sumó la Pontificia Universidad Católica como asesor técnico por medio de la Escuela de Construcción y su Facultad de Educación. Este proyecto de reconstrucción es tan urgente y humano que 17 colegios de Chile realizaron campañas organizadas por sus alumnos, y grupos familiares y otras tres empresas se sumaron. Asimismo, el BID aportó el equipamiento, y Habiterra, el diseño, y muchos otros de manera anónima adhirieron a este proyecto.
Integrar y articular distintas miradas no es fácil en un proyecto internacional e intersectorial. Políticas internas, negociaciones con la constructora y diferencias culturales e idiomáticas nos desafiaron constantemente. Sin embargo, persistió el sentido de logro y la aspiración a garantizar la dignidad de las niñas, su educación y calidad de vida.
Este es un proyecto que se ha destacado por la co-gestión, partiendo por un rico proceso participativo de la comunidad escolar para el diseño del edificio y siguiendo por un modelo de gobernanza que ha garantizado un trabajo horizontal en la toma de decisiones, promoviendo la responsabilidad común, la sinergia y la transferencia de aprendizajes entre los distintos actores.
El espíritu detrás de esto es la búsqueda de la justicia y del bien común. Nos mueve el sentido solidario, el potencial transformador de las iniciativas desarrolladas de manera colectiva, sin excluir a actores relevantes de la sociedad. Los resultados son contundentes, tanto así que la experiencia ha sido destacada en foros internacionales por su efectividad, constatando la importancia de las alianzas público-privada-sociales que hoy las Naciones Unidas promueven como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados para 2030. Este trabajo nos asegura que la incorporación de nuevos actores a la cooperación internacional es fundamental. Nuevos roles y relaciones que permitan renovar los caminos hacia la justicia social, incorporando estas alianzas en el quehacer empresarial y gubernamental en pro del desarrollo humano. Los frutos de estas alianzas son bidireccionales, aportan al territorio donde realizan la acción e impactan en nuestro país al obligarnos a colaborar por un bien mayor.
Este proceso nos transformó a todos. Nos enseñó que juntos podemos construir un mejor futuro. Decenas de voluntarios que participaron en la reconstrucción ya nos muestran una nueva generación de ciudadanos globales, trasformadores, justos y sensibles con el dolor ajeno. Todos ganamos.
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La gratuidad escolar en Chile inició en marzo con 9.985 colegios Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-gratuidad-escolar-en-chile-inicio-en-marzo-con-9-985-colegios Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec
La Ley de Inclusión es el primer paso de la reforma educativa impulsada por la presidenta Michelle Bachelet. Ahora las familias más pobres no tendrán que pagar matrícula ni mensualidades.
Marzo es el mes en el que los escolares chilenos vuelven a sus establecimientos educacionales tras las vacaciones de verano. Pero este retorno no fue uno cualquiera. El año escolar en Chile se inauguró con una nueva Ley de Inclusión Escolar en el marco de la reforma educacional desarrollada por el gobierno de Michelle Bachelet. Esta nueva normativa tiene tres pilares básicos: el fin de la selección escolar, la eliminación del lucro en las escuelas del Estado y el término del copado.
El copago ha tenido un impacto más visible en el inicio del nuevo año de los alumnos chilenos. Ahora es el Estado el ente que aportará los recursos para reemplazar de manera gradual la mensualidad que antes debían desembolsar las familias en los llamados establecimientos particulares subvencionados. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Educación (Mineduc), la gratuidad escolar partió con 9.985 colegios que no cobrarán ni matrícula ni mensualidad. De ese total, 784 planteles se han sumado de manera voluntaria al proceso para terminar con el copado.
En otras palabras, estos colegios tampoco cobrarán, ya que ahora serán subvencionados por el Estado. Esas más de 700 escuelas equivalen a 240 mil estudiantes en todo Chile. Eso debe sumarse a los más de dos millones de escolares que ya cursaban su enseñanza de manera gratuita hasta 2015. En la primera semana de marzo, alrededor de 150 establecimientos escolares iniciaron el trámite para cambiar su forma jurídica ante el Mineduc.
Tras la implementación de la reforma educacional, las escuelas que no exijan mensualidad a las familias chilenas recibirán subvención por ser gratuitas.
A partir de este año la gratuidad se irá extendiendo hasta 2019, cuando se espere llegue al 93% del sistema escolar. En Ecuador, la gratuidad educativa desde el primer año de básica hasta el último del bachillerato fue garantizada con la Constitución de Montecristi de 2008. Solo el fin del copago y el lucro es obligatorio para los colegios que reciban fondos públicos. A su vez, la nueva admisión -es decir el fin de la selección- se desarrollará a partir de 2017 en la región de Magallanes, en el sur de Chile, y 2 años después se extenderá al resto del país. Se espera que en 2020 se aplique en todos los niveles, en primaria, secundaria y educación media.
Pese a la implementación de la Ley de Inclusión, los establecimientos particulares subvencionados seguirán funcionando, como también los administrados por los municipios o los particulares pagados. Año a año, las escuelas que reciben aportes públicos se irán sumando a la gratuidad, lo que aliviará a las familias chilenas de tener que pagar mensualidad. Pese a los beneficios, especialmente para las familias de menores recursos, también hay gran confusión sobre cómo opera el nuevo sistema escolar. Por ejemplo, muchas familias se han preguntado si todos los hijos de una misma familia podrán estudiar en una sola institución. La respuesta es sí. La Ley de Inclusión privilegia que todos los hijos de un mismo hogar estudien en un solo lugar, para facilitar la rutina de los padres, pero también para que tengan un proyecto común. Otra de las preguntas que se hacen las familias chilenas tiene que ver con la calidad. Quienes defienden la reforma educacional sostienen que, por el mero hecho de que los establecimientos educativos sean sin fines de lucro, podrán poner todos sus esfuerzos en la enseñanza. Además, la idea es que los profesores tengan más horas para preparar sus clases. Y en cuanto a las expulsiones arbitrarias, la Ley de Inclusión Escolar establece un claro procedimiento que garantiza al alumno sus derechos y a los planteles sus deberes. (I)
Fuente://www.eltelegrafo.com.ec
Marzo es el mes en el que los escolares chilenos vuelven a sus establecimientos educacionales tras las vacaciones de verano. Pero este retorno no fue uno cualquiera. El año escolar en Chile se inauguró con una nueva Ley de Inclusión Escolar en el marco de la reforma educacional desarrollada por el gobierno de Michelle Bachelet. Esta nueva normativa tiene tres pilares básicos: el fin de la selección escolar, la eliminación del lucro en las escuelas del Estado y el término del copado.
El copago ha tenido un impacto más visible en el inicio del nuevo año de los alumnos chilenos. Ahora es el Estado el ente que aportará los recursos para reemplazar de manera gradual la mensualidad que antes debían desembolsar las familias en los llamados establecimientos particulares subvencionados. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Educación (Mineduc), la gratuidad escolar partió con 9.985 colegios que no cobrarán ni matrícula ni mensualidad. De ese total, 784 planteles se han sumado de manera voluntaria al proceso para terminar con el copado.
En otras palabras, estos colegios tampoco cobrarán, ya que ahora serán subvencionados por el Estado. Esas más de 700 escuelas equivalen a 240 mil estudiantes en todo Chile. Eso debe sumarse a los más de dos millones de escolares que ya cursaban su enseñanza de manera gratuita hasta 2015. En la primera semana de marzo, alrededor de 150 establecimientos escolares iniciaron el trámite para cambiar su forma jurídica ante el Mineduc.
Tras la implementación de la reforma educacional, las escuelas que no exijan mensualidad a las familias chilenas recibirán subvención por ser gratuitas.
A partir de este año la gratuidad se irá extendiendo hasta 2019, cuando se espere llegue al 93% del sistema escolar. En Ecuador, la gratuidad educativa desde el primer año de básica hasta el último del bachillerato fue garantizada con la Constitución de Montecristi de 2008. Solo el fin del copago y el lucro es obligatorio para los colegios que reciban fondos públicos. A su vez, la nueva admisión -es decir el fin de la selección- se desarrollará a partir de 2017 en la región de Magallanes, en el sur de Chile, y 2 años después se extenderá al resto del país. Se espera que en 2020 se aplique en todos los niveles, en primaria, secundaria y educación media.
Pese a la implementación de la Ley de Inclusión, los establecimientos particulares subvencionados seguirán funcionando, como también los administrados por los municipios o los particulares pagados. Año a año, las escuelas que reciben aportes públicos se irán sumando a la gratuidad, lo que aliviará a las familias chilenas de tener que pagar mensualidad. Pese a los beneficios, especialmente para las familias de menores recursos, también hay gran confusión sobre cómo opera el nuevo sistema escolar. Por ejemplo, muchas familias se han preguntado si todos los hijos de una misma familia podrán estudiar en una sola institución. La respuesta es sí. La Ley de Inclusión privilegia que todos los hijos de un mismo hogar estudien en un solo lugar, para facilitar la rutina de los padres, pero también para que tengan un proyecto común. Otra de las preguntas que se hacen las familias chilenas tiene que ver con la calidad. Quienes defienden la reforma educacional sostienen que, por el mero hecho de que los establecimientos educativos sean sin fines de lucro, podrán poner todos sus esfuerzos en la enseñanza. Además, la idea es que los profesores tengan más horas para preparar sus clases. Y en cuanto a las expulsiones arbitrarias, la Ley de Inclusión Escolar establece un claro procedimiento que garantiza al alumno sus derechos y a los planteles sus deberes. (I)
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Monday, March 7, 2016
DISCAPACITADOS CRITICAN LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR: “NOMBRE LE QUEDA MUY GRANDE”
Representantes de la Fundación Nacional para la Accesabilidad, Diseño Universal e Inclusión Social (Funaduis) llegaron este lunes hasta la oficina de partes de La Moneda para entregar una carta, dirigida a Bachelet, en la que solicitan que se “corrija” la normativa que no considera –cuestionan- el acceso de los niños discapacitados al sistema escolar.
Lucas Márquez tiene 9 años, es oxigenodependiente y nunca ha ido al colegio. No lo han recibido, porque los establecimientos educacionales a los que puede acceder (su familia no tiene buena situación económica) no cuentan con la infraestructura y docentes preparados para asistirlo. El no haber podido insertarse en el sistema le ha generado un retroceso cognitivo.
Este menor es un ejemplo de la discriminación que sufren algunos escolares discapacitados, pone el acento Matías Poblete, (en la foto a la derecha) presidente de la Fundación Nacional para la Accesabilidad, Diseño Universal e Inclusión Social (Funaduis).
El dirigente, que es educador diferencial y no vidente, llegó este lunes, acompañado de una veintena de representantes del organismo, hasta la oficina de partes de La Moneda para dejar una carta, dirigida a la Presidenta Bachelet, en la que se subraya la necesidad de corregir la Ley de Inclusión Escolar, que comenzó a regir el 1 de marzo pasado.
“El nombre le queda muy grande” a la normativa, remarca Poblete.
Según destaca, la ley “desconoce a la población infanto juvenil en etapa escolar que vive en situación de discapacidad y deja fuera la implementación del diseño universal de aprendizaje, modalidad impulsada por el mismo Mineduc”.
Matías Poblete explica que tras evaluar la iniciativa comprobaron que esta “no es inclusiva puesto que no aborda las necesidades educacionales especiales”.
Por ello solicitan con urgencia -añade- que se "corrija" la legislación y que se incorporen “mecanismos para que los niños discapacitados puedan acceder y, lo más importante, permanecer en el sistema educativo desde la enseñanza preescolar hasta la educación media”.
Las cifras dan cuenta que hay más de 300 mil escolares con discapacidad en el sistema escolar.
“Y hay muchos más fuera de él”, apunta Poblete.
fuete:// lanacion.cl
Lucas Márquez tiene 9 años, es oxigenodependiente y nunca ha ido al colegio. No lo han recibido, porque los establecimientos educacionales a los que puede acceder (su familia no tiene buena situación económica) no cuentan con la infraestructura y docentes preparados para asistirlo. El no haber podido insertarse en el sistema le ha generado un retroceso cognitivo.
Este menor es un ejemplo de la discriminación que sufren algunos escolares discapacitados, pone el acento Matías Poblete, (en la foto a la derecha) presidente de la Fundación Nacional para la Accesabilidad, Diseño Universal e Inclusión Social (Funaduis).
El dirigente, que es educador diferencial y no vidente, llegó este lunes, acompañado de una veintena de representantes del organismo, hasta la oficina de partes de La Moneda para dejar una carta, dirigida a la Presidenta Bachelet, en la que se subraya la necesidad de corregir la Ley de Inclusión Escolar, que comenzó a regir el 1 de marzo pasado.
“El nombre le queda muy grande” a la normativa, remarca Poblete.
Según destaca, la ley “desconoce a la población infanto juvenil en etapa escolar que vive en situación de discapacidad y deja fuera la implementación del diseño universal de aprendizaje, modalidad impulsada por el mismo Mineduc”.
Matías Poblete explica que tras evaluar la iniciativa comprobaron que esta “no es inclusiva puesto que no aborda las necesidades educacionales especiales”.
Por ello solicitan con urgencia -añade- que se "corrija" la legislación y que se incorporen “mecanismos para que los niños discapacitados puedan acceder y, lo más importante, permanecer en el sistema educativo desde la enseñanza preescolar hasta la educación media”.
Las cifras dan cuenta que hay más de 300 mil escolares con discapacidad en el sistema escolar.
“Y hay muchos más fuera de él”, apunta Poblete.
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OCDE advierte de alto gasto en educación y bajos resultados
Costa Rica es uno de los países que más gasta en educación respecto a su producción si se le compara con las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante, tiene resultados más bajos que la mayoría de naciones de este foro.
Ante ello, la entidad hizo un llamado para que Costa Rica deje el afán por llegar a dedicar un monto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, como lo dicta la Constitución Política, y en su lugar se imponga como meta mejorar los resultados.
La OCDE es una organización que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas y nuestro país quiere integrarla.
Como parte del proceso de ingreso, el organismo hizo un informe el cual señala, entre otros, debilidades en los resultados de educación y hace recomendaciones para este campo.
Entre los malos resultados ticos el organismo indica que en el país sólo el 40% de la fuerza laboral ha completado la educación secundaria y que los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) son bajos en las tres disciplinas: lectura, ciencias y, sobre todo, en matemáticas.
Además se destaca que el porcentaje de alumnos que repiten un grado en la escuela primaria y secundaria es uno de los más altos entre las naciones que participan en las pruebas PISA y que el gasto pareciera estar sesgado hacia los niveles primario y terciario, entre otros.
El informe renueva un debate de varios años en el país y que ahora cobra relevancia ante las dificultades fiscales.
En el 2013, la administración de turno incluyó en el documento de Consolidación Fiscal el mantener el aporte estatal a la educación en 7% del PIB (esto debido a que todavía no se alcanza el 8%), como una de las ideas para bajar el déficit.
La quinta parte del presupuesto de educación va a las universidades, donde la OCDE recomendó la rendición de cuentas.
Menor gasto por estudiante. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, el extitular de esta cartera, Leonardo Garnier y la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román coinciden en que si bien Costa Rica invierte más que otras naciones de la OCDE en educación, comparado con su producción, el gasto por alumno está rezagado en el país.
Naciones como Finlandia, Francia, EE. UU. o Reino Unido invierten hasta cuatro veces más por persona que Costa Rica, según Román.
Tanto Garnier como Mora explicaron que el aumento en la inversión en enseñanza han generado resultados positivos como la expansión de la cobertura en preescolar y secundaria.
Aunque el investigador de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma, exaltó mejorías en la cobertura, en metas concretas para preescolar y en la retención escolar por la vía de las becas, lamentó que no haya mejoras en la calidad, lo cual cree muy grave.
“Compartimos el reto que señala el informe de la OCDE en lo relativo a la mejora de la calidad de la educación y los resultados y a la ubicación de esta problemática en un lugar preponderante”, aseguró Mora.
fuente://nacion.com
No obstante, tiene resultados más bajos que la mayoría de naciones de este foro.
Ante ello, la entidad hizo un llamado para que Costa Rica deje el afán por llegar a dedicar un monto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación, como lo dicta la Constitución Política, y en su lugar se imponga como meta mejorar los resultados.
La OCDE es una organización que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas y nuestro país quiere integrarla.
Como parte del proceso de ingreso, el organismo hizo un informe el cual señala, entre otros, debilidades en los resultados de educación y hace recomendaciones para este campo.
Entre los malos resultados ticos el organismo indica que en el país sólo el 40% de la fuerza laboral ha completado la educación secundaria y que los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) son bajos en las tres disciplinas: lectura, ciencias y, sobre todo, en matemáticas.
Además se destaca que el porcentaje de alumnos que repiten un grado en la escuela primaria y secundaria es uno de los más altos entre las naciones que participan en las pruebas PISA y que el gasto pareciera estar sesgado hacia los niveles primario y terciario, entre otros.
El informe renueva un debate de varios años en el país y que ahora cobra relevancia ante las dificultades fiscales.
En el 2013, la administración de turno incluyó en el documento de Consolidación Fiscal el mantener el aporte estatal a la educación en 7% del PIB (esto debido a que todavía no se alcanza el 8%), como una de las ideas para bajar el déficit.
La quinta parte del presupuesto de educación va a las universidades, donde la OCDE recomendó la rendición de cuentas.
Menor gasto por estudiante. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, el extitular de esta cartera, Leonardo Garnier y la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román coinciden en que si bien Costa Rica invierte más que otras naciones de la OCDE en educación, comparado con su producción, el gasto por alumno está rezagado en el país.
Naciones como Finlandia, Francia, EE. UU. o Reino Unido invierten hasta cuatro veces más por persona que Costa Rica, según Román.
Tanto Garnier como Mora explicaron que el aumento en la inversión en enseñanza han generado resultados positivos como la expansión de la cobertura en preescolar y secundaria.
Aunque el investigador de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma, exaltó mejorías en la cobertura, en metas concretas para preescolar y en la retención escolar por la vía de las becas, lamentó que no haya mejoras en la calidad, lo cual cree muy grave.
“Compartimos el reto que señala el informe de la OCDE en lo relativo a la mejora de la calidad de la educación y los resultados y a la ubicación de esta problemática en un lugar preponderante”, aseguró Mora.
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